Preocupante China

La República Popular China ha emergido como una gran potencia y resulta fundamental su compromiso responsable para la gobernanza global y para el respeto de los derechos de sus ciudadanos. Las actuales políticas promovidas por el presidente Xi Jinping son contrarias a ese objetivo y generan consternación mundial.

El universo de las relaciones internacionales no admite interpretaciones maniqueas sobre la conducta de los Estados, pues todos son -en distinta medida- tanto justos como pecadores. Las faltas de unos no deben servir como justificación de las inconductas de otros. Y ese claroscuro es todavía más acentuado cuando nos internamos en el reino de las superpotencias, donde las competencias por poder son aun más crudas, cínicas y multifacéticas; no obstante, el concurso de ellas es fundamental para afianzar la gobernanza global.

La República Popular China (RPCh) es una superpotencia de reciente data y aún emergente. Sus milenarias historia y cultura, así como la acelerada superación de la pobreza entre más de 700 millones de sus habitantes, en las últimas tres décadas, son factores que convocan inmensa admiración. Hasta hace pocos años, los académicos y decisores políticos de la mayoría de los países coincidían en la creencia que el gradual alineamiento de la RPCh en torno a políticas e instituciones propias de una economía de mercado aparejaría también una progresiva apertura democrática; es decir, que la liberalización económica conduciría inevitablemente a la liberalización política, al mayor respeto de los derechos humanos y a un constructivo protagonismo internacional.

Cierto es que las radicales reformas económicas promovidas desde diciembre de 1978 por el entonces primer ministro Deng Xiaoping, y relanzadas en 1992, representaron una singular amalgama entre libre mercado y estatismo, no obstante lo cual fueron eficaces en propiciar un impresionante crecimiento económico, y un descomunal flujo de inversión extranjera, acompañado de niveles de reducción de pobreza nunca antes registrados en la historia de la humanidad. Pero el autoritarismo impuesto por el monopartidismo no cejó, como quedó evidenciado en la brutal represión frente a las protestas de la plaza Tiananmen, en 1989; aunque pareció morigerarse por alrededor de un cuarto de siglo. El equilibrio entre los retazos de liberalismo económico y un acotado autoritarismo fue siempre frágil, pero existió hasta hace poco. La política exterior de la RPCh fue discreta durante las últimas tres décadas, guiada por el lema maquiavélico de Deng Xiaoping: “esconder tus capacidades y esperar el momento adecuado”.

Lamentablemente, la admiración y el optimismo internacionales ante el crecimiento económico, comercial y político de la RPCh, vienen enfriándose aceleradamente, a la luz del reforzamiento de las tendencias autoritarias y de agresivo militarismo nacionalista por parte de su actual gobierno; y muy recientemente por su adopción de políticas contrarias al libre mercado. A contramarcha de la bienintencionada visión sobre la inevitable propagación del liberalismo político como producto del acotado liberalismo económico existente en la RPCh, viene ocurriendo exactamente lo opuesto. La singular amalgama entre libre mercado y estatismo ha permitido que algunos encumbrados amasen inmensas fortunas, usualmente por medios corruptos; y que los recursos financieros públicos y privados sean asignados según la imposición de las autoridades políticas, generando grandes cúmulos de inversiones insolventes que remecen a la economía global. Asistimos en estos días al derrumbe del multimillonario conglomerado inmobiliario Evergrande y de otras empresas afines, cuyo descomunal crecimiento fue incentivado por torcidas decisiones políticas ajenas a la racionalidad económica.

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Xi Jinping asumió en 2013 la presidencia de la RPCh, y durante su actual segundo mandato ha ido desviándose del curso trazado por sus antecesores. De cara a sus pretensiones de hacerse reelegir por un tercer periodo, en la 20ª sesión del Congreso del Partido Comunista de China, en octubre del próximo año, ha ido imponiendo políticas que revierten el preexistente frágil equilibrio: vienen conquistando terreno los impulsos autoritarios, nacionalistas, militaristas y poco auspiciosos para el desarrollo empresarial privado. Dentro de ese marco, vienen inflamándose los factores de tensión internacional protagonizados por la RPCh, particularmente frente a los Estados Unidos, abarcando las dimensiones económicas, comerciales y tecnológicas, pero también las tradicionales militares, políticas y culturales.

La conducta de la RPCh frente a la pandemia de la COVID-19, cuyo brote inicial fue detectado en Wuhan, provincia china, en diciembre 2019, constituye una grave trasgresión del deber de cooperación internacional establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Inicialmente, la RPCh incumplió sus obligaciones en el marco del Reglamento Sanitario Internacional -principal instrumento normativo global en la materia- al demorarse en reportar el brote epidémico a la Organización Mundial de la Salud; y luego, hasta la fecha, ha venido dificultando grave y sistemáticamente la realización de una investigación internacional sobre el origen del virus causante de la COVID-19. No se trata de culpar a la RPCh por la ocurrencia de esta pandemia, pues la hipótesis sobre su origen zoónico sigue siendo la más probable; pero la humanidad tiene el derecho de conocer la verdad científica sobre las circunstancias en las que se inició la transmisión de este virus a las personas.

Uno de los factores de gran consternación mundial lo constituyen los afanes imperiales de la RPCh que reclama para sí la soberanía de casi la totalidad del Mar de China Meridional, por la que circula el 30% del comercio global y que aparentemente alberga vastos yacimientos de petróleo y gas. Allí, la RPCh está desarrollando instalaciones militares, soslayando las invocaciones de soberanía sobre porciones de ese espacio marítimo por parte de Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunéi. Estados Unidos y el Reino Unido no son ajenos a esta disputa, pues invocan la necesidad de garantizar la libertad de navegación sobre tan importante ruta del comercio mundial.

Bajo el mandato de Xi Jinping, la RPCh ha intensificado sus acciones agresivas para presionar en favor de su pretendida anexión de Taiwan, y la posibilidad que en los próximos años la procuren por medios bélicos viene acrecentándose en forma preocupante. En días recientes, alrededor de 150 aviones de guerra de la RPCh sobrevolaron la zona de identificación de defensa aérea de Taiwan. Además de la agresividad e ilegalidad de esta operación, podría accidentalmente generar una confrontación bélica. Según algunas estimaciones, la RPCh podría tener capacidades para intentar ocupar militarmente Taiwan en 2025.

El caso de Hong Kong provee otra preocupante evidencia. Como parte del acuerdo con el gobierno británico para la devolución del mandato sobre Hong Kong, en 1997, la RPCh se comprometió a permitir que la región goce de considerable autonomía política durante cincuenta años bajo el marco político de "un país, dos sistemas". Pero, incumpliendo ese compromiso, en los últimos años la RPCh viene adoptando medidas de radical recorte a las libertades ciudadanas en Hong Kong, provocando protestas masivas en la ciudad y generando vastas críticas a nivel internacional. En 2020, la RPCh impuso una ley de seguridad nacional a Hong Kong, que le otorgó amplios poderes para castigar a los críticos y silenciar a los disidentes, alterando fundamentalmete la calidad de vida de sus ciudadanos.

Un factor adicional de consternación global lo constituye la opresión de la RPCh contra la minoría Uygur, de orígen musulmán, conformada por alrededor de 11 millones de personas que habitan en la provincia de Xinjiang. Según el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, alrededor de un millón de uygures y de otras minorías musulmanas están recluidos en “centros de reeducación”. Además se estaría forzando a las mujeres de esa etnia a someterse a esterilizaciones forzadas o al uso mandatorio de anticonceptivos. Todo ello comporta gravísimas violaciones de un conjunto de derechos humanos.

En círculos académicos se discute la validez de la tesis de Graham Allison, quien sostiene que las crecientes tensiones entre la RPCh y los Estados Unidos son consecuencia de lo que él denomina la trampa de Túcides, es decir que es el resultado históricamente natural de la emergencia de aquella como potencia mundial compitiendo frente a este, ya en declinación. No pocos afirman que, por el contrario, es el reflejo de la incapacidad de la RPCh para sostener una posición de preeminencia dentro del escenario global, debido a la disfuncionalidad de sus sistemas político y económico, al envejecimiento acelerado de su población, a su limitada disponibilidad de fuentes de energía y de materias primas, y a diversos otros factores.

Cualquiera sea la realidad de tal tesis, es evidente que la RPCh se está convirtiendo en un preocupante actor mundial, incapaz de garantizar su desenvolvimiento internacional bajo los objetivos de paz, cooperación internacional, respeto a los derechos humanos y proscripción de las amenazas bélicas. El afán de la RPCh por consolidarse como potencia global es legítimo y, desde una perspectiva histórica, es natural. Y en parte su agresividad internacional se vé motivada por la descarnada competencia que la enfrenta contra los Estados Unidos, que durante el reciente gobierno de Donald Trump adoptó una irracional y hasta racista beligerancia frente a la RPCh.

Los variados y complejos desafíos de la gobernanza global requieren del concurso constructivo y éticamente comprometido de la RPCh. Para ello es indispensable un cambio de curso en sus políticas interna e internacional, para alinearlas con los principios fundamentales de las Naciones Unidas tales como: proscripción de las amenazas militares, pleno respeto de los derechos humanos y de las demás normas internacionales, así como vocación de actuar cooperativamente en el plano global.

Si bien el Perú, como los demás actores globales, orienta su conducta en función de sus intereses nacionales, no puede sustraerse de tomar en consideración la dimensión ética, que es fundamental para la convivencia pacífica y la sostenibilidad planetaria. Es dentro de ese contexto, y sin poner en cuestión su postura de autonomía frente a la confrontación bipolar entre la RPCh y los Estados Unidos, que nuestro país debe encuadrar su relación bilateral con la RPCh.

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