La minería y el Perú en juego

Nuestro país debe gran parte de su crecimiento en los últimos años al sector minero que contribuye alrededor de un 14.4% del PBI peruano y que tuvo una caída de un 13.2% en el 2020 que contribuyó a que la PBI peruano cayera en un 11.1% según cifras del INEI para ese mismo año. Por tanto, cuando el Ministerio de Energía y Minas anunció el cierre de cuatro minas en Ayacucho, distintos actores como gremios del sector privado y la Confiep cuestionaron esta decisión por los potenciales efectos que tendrían estos cierres en la economía y por el mensaje que estas acciones enviarían al sector minero.

No obstante, lo cuestionable de la decisión, sea correcta o no, es la ausencia de comunicación y diálogo que no se tuvo con esta empresa, un error que es difícil de justificar. El tomar una decisión sin consultar con la otra parte envía un mensaje de no cooperación, el cual termina por aportar a la inestabilidad y a la distorsión de la imagen del gobierno como un ente que actúa unilateralmente. Finalmente, si el objetivo es la protección de las poblaciones vulnerables, existen los acuerdos y negociaciones que permiten el encuentro de ambos intereses sin perder los aspectos positivos generados por la actividad minera.

Nuestro gobierno debería promover una imagen de cooperación y negociación para promover la confianza en sus decisiones antes de ejercer presión sobre los sectores que más aportan a la economía a través de la generación de empleo, productividad e inversión. El objetivo debería ser fijado en promover la producción y el desarrollo económico al servicio de las sociedades más vulnerables en lugar de cortar el puente que une a ambos. Por ello, en el camino de lograr conciliar estos actores, el gobierno debe enfocarse en tomar decisiones que no resquebrajen la confianza o que distorsionen su percepción como entidad protectora y mediadora.