Las cifras de niñas y adolescentes embarazadas o que lo han estado alguna vez es muy alta en el Perú, sin contar aquellas que murieron en este tránsito. No hablamos de madres niñas o madres adolescentes. Las palabras expresan realidades y comprensiones de lo que sucede y “ser madre” no es un dictamen a raíz del embarazo, es una construcción social que se asume y transforma con el tiempo, que define roles de un ser en relación a otro ser.
La realidad inminente es que las niñas y adolescentes están siendo abusadas sexualmente y en la mayoría de casos los abusadores están presentes en su entorno familiar o vecinal. Cuando esto sucede, muchas quedan paralizadas y en total indefensión, incluso pueden seguir viviendo con el abusador, compartir su mesa, sostener conversaciones a la par que se apodera de ellas la confusión, el miedo, la vergüenza y el silencio, que hacen impunes a sus abusadores. Pero estos hechos no son aislados, es una de las formas de violencia que afecta más a las mujeres y que se asocia a otras violencias: física, psicológica, negligencia, explotación, etc. y que se reproduce de generación en generación.
Las historias de niñas y adolescentes acosadas y abusadas sexualmente dan cuenta que carecen de los recursos para enfrentar dichas situaciones, me refiero al sentido de autocuidado, entornos protectores y la madurez emocional que se logra progresivamente con la educación sexual. No es lo único, también demandan la acción de los servicios de salud y el acceso a la justicia.
Entonces, cuando abordamos la situación de las niñas y adolescentes embarazadas, será indispensable apelar a un análisis más integral que habilite a los operadores de todos los servicios que correspondan a cada sector a brindar respuestas articuladas e integrales que sean sostenibles, que protejan la vida de las víctimas. Es aquí donde el aborto terapéutico y en casos de violación sexual, es la salida más adecuada que permite que las víctimas sobrevivan y tengan la oportunidad de retomar sus vidas y seguir adelante.
No confundamos con los casos de parejas adolescentes que deciden tener un hijo o que al saberlo deciden continuar el embarazo. La mayoría de los casos se trata de embarazos producto de violaciones sexuales dentro de una violencia estructural que se repite ininterrumpidamente y que ninguna campaña breve o pequeñas intervenciones sociales podrá frenar. No estamos solo ante un problema de salud pública sino ante una de las expresiones de violencia más crueles que vivimos y toleramos como sociedad. De allí la indignación ante la aprobación de la Ley 904 que facilita la intromisión de grupos fundamentalistas en la producción de materiales de educación sexual en los colegios. Por si fuera poco, el PL 1520 “en defensa de la vida de los niños por nacer” pretende imponer que estos embarazos lleguen a término decretando la maternidad, obstaculizando el aborto terapéutico, transgrediendo los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes y con ello, condenando sus vidas. No lo permitamos.
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