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PIACI: ¿por qué no estamos protegiendo a los peruanos más vulnerables?

En Perú, más de 7500 peruanos viven alejados de la sociedad porque esta es la manera que han encontrado de preservar su vida y su cultura.

En las últimas semanas el país está viviendo una coyuntura difícil donde los reclamos históricos de los peruanos más olvidados han resurgido. Sin embargo, en vez de que esto marque la agenda nacional, hemos sido testigos de que algunos políticos viven en otra realidad, en una donde la frivolidad es más importante que solucionar los problemas más elementales. Con ello, una vez más, comprobamos que seguimos siendo un país de intereses particulares donde la igualdad y equidad se ven todavía lejanas.

En esta realidad, algunos congresistas parecen aprovechar el caos y presentan propuestas que tendrían consecuencias devastadoras. Una de ellas es el proyecto de ley que ha presentado la bancada fujimorista para modificar la Ley de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario, conocida como “Ley PIACI”. Esta propuesta, además, está reforzada con una campaña de desinformación que pretende retroceder todo lo avanzado hasta ahora respecto a la defensa de estos peruanos, considerados los más vulnerables del país.

En Perú, más de 7500 peruanos viven alejados de la sociedad porque esta es la manera que han encontrado de preservar su vida y su cultura. Al estar alejados, no han desarrollado anticuerpos que comúnmente tenemos, por lo que una gripe puede resultar mortal. Por ello, el Ministerio de Cultura (Mincul) se encuentra a cargo de su protección y existen 7 reservas indígenas y territoriales en la Amazonía en donde los PIACI pueden (o deberían poder) vivir sin mayores amenazas.

¿Qué puede ser más importante que proteger la vida y la existencia de estos pueblos? ¿Por qué existe la necesidad de estar buscando herramientas para debilitar su protección? ¿Hay acaso algún interés en explotar los recursos que existen en estas reservas? ¿No es acaso la vida lo que deberíamos priorizar por encima de todo? Somos un país con una diversidad cultural y natural envidiables, pero también somos un país donde la ilegalidad depreda esta riqueza y los intereses individuales o de grupos específicos se anteponen a lo que deberían ser nuestras prioridades.

| Fuente: Andina / Difusión

La situación de los PIACI debería estar en la agenda nacional, deberíamos promover y reclamar su protección, y asumir que es nuestra responsabilidad darles la seguridad que necesitan para seguir manteniendo el modo de vida que ellos han elegido. La inseguridad y amenaza en que viven estos pueblos debería ser una de las principales noticias porque está en riesgo su existencia.

Existe un avance importante en la protección de estos pueblos, y esto se ha logrado gracias al trabajo conjunto entre el Mincul, organizaciones indígenas, sociedad civil, gobiernos regionales y diversos especialistas que han jugado un rol importante. Entonces, no deberíamos retroceder debido a iniciativas como la que ha planteado la bancada fujimorista a través del congresista Jorge Morante, en vez de buscar estrategias que fortalezcan las áreas donde se desarrollan estos pueblos.

La propuesta para modificar la “Ley PIACI” es el Proyecto de Ley 3518/2022-CR. Exijamos su inmediato archivamiento entrando a este enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3518. Participemos, este es un tema de vida o muerte, de existencia o de extinción, no sigamos perdiendo como país, respetemos y valoremos nuestra identidad. Dejemos en claro que este tipo de iniciativas no tienen cabida en un país intercultural.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.

Tiene más de 18 años de experiencia en temas ambientales, de conservación de la biodiversidad y de Pueblos Indígenas. Titulada por la Universidad de Lima y con segunda especialidad en derecho ambiental y de los recursos naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es directora del Programa de Pueblos Indígenas y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

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