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Advierten que inversiones en obras públicas corren riesgo

Por modificación de Ley de Contrataciones del Estado al establecerse un régimen discriminatorio entre las empresas nacionales y las extranjeras.

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La Cámara Peruana de Construcción (Capeco) y la Asociación Peruana de Consultoría (APC) advirtieron que las modificaciones al nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ponen en peligro las inversiones del Estado en las obras públicas.

El asesor de Capeco, Guido Valdivia sostuvo que estas modificaciones contradicen a la ley al establecerse un régimen discriminatorio entre las empresas nacionales y las extranjeras, por lo que  exhortó al Poder Ejecutivo hacer las correcciones pertinentes, antes de la entrada en vigencia del reglamento, para evitar que se configuren situaciones ilegales y perjudiciales para el interés nacional.

"Lejos de generar igualdad para los competidores y asegurar el cumplimiento de las obras, las últimas modificaciones efectuadas por el Congreso al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -mediante el Decreto Supremo 138-2012-EF- han puesto en peligro las inversiones del Estado en obras públicas", dijo.

Señaló que las modificaciones efectuadas establecen un régimen discriminatorio entre las empresas nacionales y las extranjeras, pues han generado incentivos para que las compañías del exterior ejecuten obras para el Estado sin contar con capital alguno que las respalde en el país.

Uno de esos cambios se refiere a la no obligación de las empresas extranjeras de garantizar con el 5% (del monto total que cuesta una obra), requisito que sí tienen que cumplir las empresas que operan en el país.

"Otro de los cambios se refiere a la eliminación de la exigencia de acrediyar personal técnico especializado para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, impidiendo comprobar la capacidad y la experiencia de los ejecutores y consultores de obra pública", agregó.

Capeco señaló que esa situación perjudicará y creará un pésimo precedente, que es necesario corregir para salvaguardar los intereses económicos del país, así como propiciar una sana competencia.










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