A raíz del asesinato a 13 trabajadores en la provincia de Pataz, La Libertad, presuntamente por mineros ilegales, gremios empresariales vinculados con el sector se pronunciaron y exigieron medidas al Gobierno para combatir este flagelo.
El asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, vuelve a enfocar a la minería ilegal como foco de la coyuntura. La tragedia, atribuida a bandas criminales vinculadas con la minería ilegal, ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia en zonas mineras. Por ello, diferentes gremios empresariales se han pronunciado, mostrando su preocupación ante el sector minero.
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)
El IIMP lamentó la pérdida de vidas y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos. En su comunicado, el gremio calificó los hechos como resultado del “predominio territorial que vienen logrando grupos ilegales a través de la violencia”, incluso estando bajo estado de emergencia.
“El Perú necesita un Estado protector de los derechos humanos”, afirmó el IIMP, instando a que las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial presenten resultados concretos.
Asimismo, destacaron que los trabajadores asesinados laboraban en una operación minera artesanal con contrato para operar en la concesión de la empresa Poderosa, por lo que está la urgencia de garantizar entornos seguros para la minería formal.

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
La SNMPE condenó el asesinato y exigió una respuesta firme del Estado. El gremio denunció que “las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana” y lamentó que, hasta ahora, el Gobierno no haya aprobado un plan efectivo de lucha contra la minería ilegal.
“El estado de emergencia ha demostrado no ser suficiente. Se requiere inteligencia policial, liderazgo político, un marco normativo claro y recursos institucionales”, se puede leer en el comunicado de la SNMPE, advirtiendo además sobre los efectos nocivos del Reinfo como mecanismo que “encubre” actividades ilícitas.

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)
A través de un comunicado oficial, Confiep expresó que se registran 39 asesinatos solo en Pataz, situación que refleja "un problema de descontrol en todo el país".
"Este crimen demuestra, una vez más, que las economías ilegales tienen el absoluto control en la zona de Pataz, que es de facto una zona liberada, a pesar de encontrarse en estado de emergencia, lo cual demuestra la ausencia de estrategia por parte del gobierno en la zona", agregaron.
Finalmente, indicaron que "mediante la lucha decidida del Estado en su conjunto contra las fuentes de financiamiento de estas organizaciones ilegales; con acciones de inteligencia y policías y fiscales articulados para asegurar que los criminales paguen por sus actos, se podrá debilitar a estas bandas armadas y a sus prácticas terroristas".

Gremios empresariales y sindicatos también se pronuncian
Además de los gremios técnicos, diversos colectivos de empresarios y trabajadores del sector minero también se pronunciaron.
A través de un comunicado conjunto, demandaron el restablecimiento del orden, el respeto a la vida y medidas urgentes contra la criminalidad en las zonas de actividad minera.
"Condenamos este atroz crimen que revela el alarmante grado de violencia e impunidad al que ha llegado el crimen organizado que opera en zonas dominadas por economías ilegales", sostuvieron y señalaron que "no solo los empresarios y trabajadores mineros se ven constantemente amenazados y agredidos por los criminales, sino también los trabajadores de todos los sectores, así como los empresarios y emprendedores de todo el país".

IPAE Acción Empresarial
La asociación sostuvo que, ante la creciente criminalidad registrada en Pataz, La Libertad, el estado de emergencia ha demostrado ser ineficaz, por lo que exigieron una "respuesta firme, articulada y sostenida del Estado, ya que la inacción ha permitido que la violencia reemplace a la ley. Urge fortalecer la inteligencia, la interdicción y la justicia para recuperar el principio de
autoridad y restablecer el orden".
Frente a ello, consideran que se requiere seguridad, institucionalidad y liderazgo para el desarrollo del Perú; entre ello, también esperan que se garantice el orden interno para que "los ciudadanos ejerzan sus derechos y construyan un futuro en paz".

Por otro lado, Capitalismo Consciente, L+1 Líderes impulsando un desarrollo sostenible y el Consejo Privado Anticorrupción también lamentaron el asesinato de 13 trabajadores en Pataz. “Lo ocurrido no es solo una tragedia: es el síntoma brutal de una país que se descompone entre la indeferencia”, se lee en el comunicado.
“Mientras el Congreso desmonta instituciones y normaliza la impunidad, y el Ejecutivo permanece pasivo y sin rumbo, el crimen organizado avanza, la democracia retrocede y la vida humana pierde valor. Como empresarios, y ciudadanos con poder de influencia, no podemos seguir al margen. Nuestro silencio y omisión están dejando un vacío que otros – armados, corruptos e impunes- están ocupados”.
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