Bolivia: Estado toma control de jubilaciones que estaban en sistema privado, ¿por qué se da esto?

Esta semana la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo de Bolivia inició la recaudación de los aportes de pensiones de los asegurados que estaban en el Sistema Integral de Pensiones (SIP).

Ahora los aportes de 2,5 millones de trabajadores en Bolivia estarán totalmente bajo responsabilidad del Estado, lo que ha generado un serie de protestas en el país vecino.

La aplicación de esta medida se da luego de más de una década de la creación de la Gestora Pública, en medio de un laudo arbitral y la desconfianza de cientos de trabajadores, pero ¿por qué se da este cambio en el sistema de pensiones de Bolivia?

Desde 1997 los fondos de pensiones de los bolivianos eran administrados por la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), a cargo de las empresas privadas Futuro y Previsión (BBVA), pero durante el Gobierno de Evo Morales se anunció un cambio total en el sistema.

En el 2010 se promulgó la Ley de Pensiones en la que se determinó que la Gestora Pública administraría los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, sin embargo el proceso de transición recién inició en el 2015, año el que se establecieron sus estatutos.

Esto generó que la empresa BBVA llevara el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el 2018, demanda que termina perdiendo Bolivia, que es obligada a indemnizar a la compañía con 105 millones de dólares por el "retraso injustificado" en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

El Gobierno boliviano indicó que "asumió todas las acciones de defensa fundamentadas y presentó las pruebas pertinentes", pero que "no fueron valoradas" por el Ciadi. Hasta la fecha el caso aún no se ha solucionado.

A partir del 2015 iniciaron las operaciones de la Gestora, pero la transición total se estuvo aplazando en varias ocasiones por distintas razones como problemas con el software.

Recientemente, en septiembre de 2022, se inició la transición parcial al nuevo sistema estatal de pensiones en los Regímenes Contributivo, es decir, pensiones de la tercera edad, de invalidez y por muerte y semicontributivo, que contempla la prestación solidaria de vejez.

Ahora, desde mayo, la entidad estatal se hará cargo de los recursos que los empleadores y asegurados deberán depositar.

Además, hasta el 12 de mayo las AFP deberán recepcionar los trámites de todos sus afiliados para que la Gestora asuma el 15 de mayo el total de las operaciones.

El primero de junio la Gestora empezará a pagar las prestaciones y beneficios a los jubilados, pero la medida ha generado desconfianza en los trabajadores que advierten su preocupación por el destino de sus aportes y han exigido que haya un control social de los fondos.

Cabe mencionar que este cambio se produce en un momento de caos financiero en Bolivia, mientras el riesgo país sigue creciendo debido al temor que tiene el mercado por la escasez de reservas en el Banco Central de Bolivia.