De acuerdo al INGEMMET, existen 112 operaciones mineras en la zona de amortiguamiento (espacios adyacentes) de El Sira, lo que supone daños significativos para la integridad ecológica del área protegida.
Entre 2001 y 2022, la Reserva Comunal El Sira, ubicada en la zona centro oriental peruano, abarcando Ucayali, Huánuco y Pasco, ha perdido un total de 12,132 hectáreas de bosque por el impacto de la minería ilegal y el cultivo de coca.
La Reserva Comunal El Sira, en la zona de Pucallpa (Ucayali) es la más grande dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y también la segunda más deforestada después de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto).
Según datos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), existen 112 operaciones mineras en la zona de amortiguamiento (espacios adyacentes) de El Sira. Esto significa riesgos significativos para la integridad ecológica del área protegida.
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Comunidades asháninka de El Sira están insatisfechas por la permisividad institucional
De acuerdo al estudio "Minería ilegal y cultivo de coca en la Reserva Comunal El Sira: exploración de sus mecanismos de penetración y sus impactos en la pérdida de bosques", ganador del Concurso de Investigación CIES 2023, las comunidades asháninka en la reserva El Sira se sienten insatisfechas por la permisividad institucional que permite el cambio de uso de suelo y la expansión de la minería ilegal y el cultivo de hoja de coca.
Los investigadores Gonzalo Delgado, Daniel Hernando y Hernán Manrique, del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, identificaron también que en la zona coexisten conflictos entre las comunidades y los actores que promueven economías ilícitas y acuerdos donde se busca un beneficio común de ambas partes.
Si bien la gobernanza indígena en la Reserva Comunal El Sira ha permitido una gobernanza que ha logrado regular en cierta medida la minería ilegal y el cultivo de hoja de coca, estas actividades ofrecen oportunidades económicas inmediatas que son difíciles de rechazar para la población local.
Por ello, los autores del estudio recomiendan fortalecer el Sistema de Vigilancia y Control de Áreas Naturales Protegidas mediante la integración de tecnología de monitoreo remoto con colaboración activa de las comunidades. Asimismo, plantean que se fortalezca la estrategia de inversión pública para promover actividades económicas legales y sostenibles que resulten en beneficios tangibles para las comunidades que habitan estos territorios.
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