Informe elaborado por el IPE revela que los peruanos han pagado más de S/ 32 mil millones en subsidios y programas para mitigar el impacto de la dependencia de nuestro país a los combustibles importados.
Un reciente informe elaborado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE) pone en el centro de la discusión las consecuencias de las devoluciones y exoneraciones tributarias aplicadas a los combustibles en el Perú.
El costo fiscal acumulado de los subsidios, exoneraciones y programas destinados a mitigar la dependencia de combustibles importados en las últimas dos décadas ha superado los S/ 32 mil millones, principalmente del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que se estima ha costado más de S/ 18 mil millones.
Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), se presentó en Economía Para Todos por RPP y solicitó detener el subsidio del diesel a la minería ilegal.
"Dentro de esos S/ 32,000 millones que ha gastado el Estado en subsidio a los combustibles, S/ 10,000 millones vienen de Madre de Dios, es decir, el Estado está subsidiando a la minería ilegal. Todos esos mineros ilegales que están depredando el ambiente en Madre de Dios, están utilizando diesel subsidiado por el Estado peruano", dijo.
"Debemos parar de una vez el subsidio del Estado a los mineros ilegales en cuanto al diesel. Hay que detenerlo inmediatamente porque es increíble que nosotros nos hagamos harakiri. Nosotros subsidiando los mineros ilegales que depredan el ambiente, están vinculados al crimen organizado y que están generando toda esta inestabilidad política y social a nuestro país", agregó.
Se habría dejado de recaudar más de S/ 10 mil millones por exoneraciones en la Amazonía
El informe detalla que el 68 % de la pérdida fiscal está vinculada a la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), mientras que el restante 32 % corresponde al Impuesto General a las Ventas (IGV). Estas exoneraciones forman parte de las medidas contenidas en la Ley 27037 de Promoción de la Inversión en Amazonía, cuyo objetivo inicial fue fomentar el desarrollo en una de las zonas más rezagadas del país.
La exoneración del ISC e IGV en la Amazonía ha tenido un impacto fiscal significativo. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 2003 y 2024, el Estado peruano habría dejado de recaudar más de S/ 10 mil millones en términos reales debido a estas exoneraciones. De esta cifra, aproximadamente el 68 % corresponde a la exoneración del ISC, mientras que el restante 32 % se atribuye a la exoneración del IGV.
Esto ha generado no solo impactos fiscales significativos, sino también ha incentivado el auge de economías ilegales en la Amazonía.

Además, como detalla el informe, la ausencia de criterios técnicos claros para establecer las condiciones de las exoneraciones fiscales ha facilitado que sectores informales e incluso ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, se beneficien de estos incentivos. Un ejemplo de ello es la región de Madre de Dios, que sigue siendo uno de los principales focos de producción de oro ilegal en el país.
Según datos de Osinergmin, en los últimos cinco años el consumo de combustibles en esta zona ha experimentado un aumento del 40 %, cifra que supera en más de diez veces el promedio nacional (3.8 %).
¿Qué obras públicas se habrían podido realizar con ese dinero?
El monto total, señala el estudio “Mercado energético en el país: barreras y oportunidades”, habría permitido inversiones significativas para fortalecer la infraestructura energética del Perú, como, por ejemplo, la construcción de cerca de 3,000 km de ductos de gas natural, equivalente a cinco veces la distancia del actual ducto que conecta Cusco con Pisco.
Asimismo, estos recursos habrían financiado el despliegue de más de 143 mil km de redes de distribución de gas natural, once veces la extensión de las redes actuales en Lima y Callao; o la conversión de 6.8 millones de vehículos a GNV, 51 veces más que las conversiones logradas por el programa Ahorro GNV; o la conexión de 3.9 veces el número de hogares pendientes de redes de gas natural, lo que equivale a 14 veces las conexiones alcanzadas entre 2016 y 2024.
Dependencia del Perú por combustible importado ha persistido
El estudio menciona que, a pesar de la diversificación en la matriz de combustibles, la dependencia del Perú a las importaciones para satisfacer la demanda interna ha persistido. Así, en 2023, el 75% de la demanda de diésel se cubrió con importaciones (más de 2 veces la participación en 2003: 33 %), mientras que en gasolinas la dependencia externa llegó a 52 % (13 veces la participación en 2003: 4 %).
En este sentido, el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, remarcó que el estudio pone en evidencia la urgencia de invertir en el desarrollo de infraestructura energética local, particularmente en la masificación del gas natural, como una alternativa sostenible y económicamente eficiente.
Por otro lado, el estudio plantea una serie de recomendaciones de política, como la necesidad de eliminar las barreras para la inversión y exploración de proyectos energéticos; la eliminación de la devolución de impuestos a los combustibles; sustituir progresivamente el FEPC por programas focalizados; y el aprovechamiento de fuentes de energía más eficientes.
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