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El crimen organizado y las economías ilegales están generando un impacto devastador en el Perú, afectando especialmente a las comunidades indígenas y territorios protegidos en la Amazonía.
Perú enfrenta una creciente amenaza por el avance de las economías ilegales, que han afectado de manera crítica a la Amazonía y sus comunidades.
Según datos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, el 50 % de los homicidios en América Latina están asociados al crimen organizado. Además, los principales mercados ilegales movilizan entre 3 y 5 billones de dólares anuales en el mundo, lo que refleja la magnitud de estas actividades ilícitas.
La macrorregión Oriente se enfrenta a un impacto significativo de las economías ilegales, con la presencia de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal.
En 2023, los cultivos de cocaína en Perú alcanzaron las 17 mil hectáreas en territorios de comunidades nativas y campesinas, mientras que 14 mil hectáreas en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento también fueron invadidas. La minería ilegal, impulsada por el alza en el precio del oro, que ha llegado a los 2,600 dólares por onza, ha devastado siete enclaves y 49 zonas en cinco países amazónicos, afectando la biodiversidad y los modos de vida locales.
Además, la vulneración de derechos humanos es otro de los delitos conexos asociados a estas actividades. Entre enero de 2019 y mayo de 2024, se registraron 373 situaciones de riesgo para defensores de derechos humanos y ambientales, siendo las regiones de Ucayali (34.9 %), San Martín (18.56 %), Amazonas (13.02 %) y Loreto (11.91 %) las más afectadas, según datos del Ministerio de Justicia.
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Para Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, existen varios factores asociados a las economías y mercados ilegales que impiden su erradicación. Asimismo, explicó que la precariedad del sistema de control muestra limitaciones operativas y un enfoque administrativo, mientras que la crisis de representación genera presión política sobre operadores de seguridad y justicia, favoreciendo la representación de intereses informales e ilegales.
“Este problema es complejo porque no bastará con detener a un criminal, ya que estará el otro en paralelo, entonces hay que ver cómo es el diagrama de esta organización difícil. El sistema de seguridad tiene la capacidad solo para detener un segmento muy específico”, dijo.
Medidas no han sido completamente efectivas
La deforestación es una de las consecuencias más devastadoras en la región. La minería y la tala ilegales han destruido vastas áreas de bosques en la macrorregión Oriente, que concentra el 70% de la deforestación en el país. Solo en Madre de Dios, más de 23 mil hectáreas de bosque se perdieron debido a la minería ilegal entre 2020 y 2023. En Loreto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha reportado la existencia de más de 100 dragas en la cuenca del río Nanay.
Estas economías ilegales no prosperan sin el apoyo de redes de corrupción en distintos niveles del gobierno, lo que les permite operar con impunidad. Para Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, incluso cuando se descubren y destituyen autoridades involucradas en estas prácticas, las redes criminales tienen la capacidad de reorganizarse rápidamente para seguir influyendo en el sector público y alcanzar sus objetivos.
Esta situación se refleja en la percepción ciudadana de la corrupción en la macrorregión Oriente, donde el 61 % de la población considera a la corrupción como el principal problema del país, según la organización.
Este análisis se realizó en el marco del tercer encuentro de Tejiendo Ciudadanía, iniciativa que une a autoridades, especialistas, sector privado y sociedad civil se busca encontrar soluciones a las principales problemáticas de cada macrorregión.
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Geraldine Hernández Periodista de economía
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