Esta eliminación de límites podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país debido a que deja abierta la posibilidad de un aumento salarial no programado en el sector público, lo que podría alterar el presupuesto.
Este miércoles el Congreso derogó el DU 014-2020 que establece límites en los acuerdos de negociación colectiva del sector público.
En el Pleno, la decisión tuvo más de 114 votos a favor, 0 votos en contra y 6 abstenciones.
Con esto se elimina la medida, dispuesta en el gobierno de Martín Vizcarra, en la que se establecía una herramienta para que los trabajadores del Estado puedan negociar un aumento salarial con aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Estas negociaciones se debían presentar cada dos años al MEF, que establecería los límites de lo negociado.
Esto evitaba cambios drásticos en la política salarial de los trabajadores públicos, lo cual puede alterar el presupuesto de manera drástica.
De acuerdo con la iniciativa aprobada en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el referido decreto no cumple con lo dispuesto en la Constitución y establece plazos inaceptables para presentar un pliego de reclamos.
Sin embargo, se estima que esta derogación podría comprometer a cerca de 1.4 millones de servidores públicos en más de 2,200 entidades.
De acuerdo con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) se tendrían que pagar más de S/1,300 millones anuales, por reposiciones judiciales de personal indebido.
"Al derogarlo, solo se seguirá beneficiando a un grupo pequeño de servidores, principalmente, a quienes laboran en empresas públicas o en entidades que se financian con recursos generados por ellas mismas", indicaron.
Esto, según Servir, también impacta de manera negativa en el acceso a la función pública en igualdad de oportunidades de los trabajadores.
Comparte esta noticia