El caso de Antamina no es el único, pues en las últimas semanas una ola de conflictos mineros se han acentuado,
Recientemente la minera Antamina decidió suspender sus operaciones debido a que un paro de comuneros de Aquia (Áncash) complica sus operaciones, y generaría pérdidas de hasta US$ 14 millones diarios a la mina de cobre más grande del país.
Los comuneros señalan que la compañía no ha pagado por completo las tierras comunitarias que compró hace dos décadas para construir una carretera que conduce al yacimiento y un mineroducto que transporta mineral hacia la costa del Pacífico.
Pero, este no es el único caso. En las últimas semanas una ola de conflictos mineros se han acentuado, lo cual afecta la percepción del país para futuras inversiones.
“Se está perfilando un espiral creciente de protestas, con mecanismos más violentos. Pedimos al Gobierno el respeto del Estado de derecho”, dijo Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), a Reuters.
A la protesta de Antamina se suman los recientes conflictos en la mina Constancia de Hudbay Minerals, en Las Bambas de MMG Ltd, y Antapaccay de Glencore, donde se enfrentan a bloqueos de carreteras de los pobladores.
Otra minera afectada ha sido la aurífera Apumayo en Ayacucho, donde se reportó la quema y saqueo de campamentos mineros por parte de manifestantes.
En el caso de Hudbay, que opera la mina Constancia (Cusco), las comunidades del distrito de Livitaca, en Chumbivilcas, iniciaron un paro indefinido solicitando la firma de un nuevo convenio, pues el actual vencerá en el 2022.
Además, otros pobladores acusan a Hudbay de presunta contaminación ambiental por la presencia de una planta de procesamiento y un pozo de lixiviados de la mina Constancia.
Otro caso es el de la Compañía de Minas Buenaventura, que suspendió temporalmente parte de sus actividades de explotación y procesamiento de mineral por bloqueos de carreteras en Oyón (Lima).
(Con información de Reuters y EFE).
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