La empresa local decidió asociarse con Odebrecht para seis proyectos de inversión en el país. Hoy dos de sus ex altos directivos esperan ser trasladados a un penal de la ciudad.
En 14 meses el valor de la mayor constructora del país, Graña y Montero (GyM) ha descendido 73 por ciento, hoy dos de sus exdirectivos tienen prisión preventiva por 1 año y medio, y esperan en la carceleta del Poder Judicial para ser trasladados a un penal, y otro debido a problemas de salud tiene comparecencia restringida.
Primer golpe
En febrero de este año, el ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reconoció que pagó sobornos al expresidente Alejandro Toledo, para obtener la buena pro de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur y que Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, socias de la constructora brasileña estaba al tanto. El consorcio CONIRSA integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC, en 2005 ganó la licitación de esta obra.
Unos días después vía un comunicado el directorio de Graña y Montero anunciaba la renuncia de sus más altos ejecutivos y los nombres de sus reemplazos. José Graña Miró Quesada, presidente del Directorio; Mario Alvarado Pflucker, gerente general corporativo y Hernando Graña Acuña, miembro del Directorio ya no seguirían más en la empresa.
Segundo golpe
A finales de ese mismo mes el valor de la empresa en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) sufrió dos fuertes caídas, que sumaron más de 60%, luego que Jorge Barata, ahora colaborador eficaz de la Fiscalía revelase que GyM sí sabía de las coimas pagadas al ex presidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica.
Tercer golpe
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó en febrero de este año la terminación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano, tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, empresa que lideraba el consorcio. El proyecto, una concesión a 34 años para construir y operar el ducto, era administrado por la española Enagás SA que tenía un 25 por ciento de participación en el emprendimiento. El otro socio era Graña y Montero SA con un 20 por ciento.

Cuarto golpe
En mayo de este año, la Procuraduría Ad Hoc denunció penalmente a Graña y Montero por presuntas irregularidades en la licitación de la Interoceánica Sur. La denuncia incluye José Graña Miro Quesada, ex presidente del directorio de Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, de la empresa JJC Contratistas Generales S.A. y Fernando Castillo Dibos, de ICCGSA.
Quinto golpe
A inicios de octubre el Congreso aprobó el Proyecto de Ley N° 1410 que modifica el Decreto de Urgencia N°003, mediante el cual se podrán retener los activos tanto de las empresas corruptas como de sus socias y consorciadas, asimismo estas no podrán seguir contratando con el Estado y tendrán que pagar una reparación civil a favor del Estado.
Sexto golpe
Los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato ampliaron la investigación preparatoria a los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Estas tres compañías integraron el consorcio, junto a Odebrecht, que ganó la licitación de la construcción de la Carretera Interoceánica por la cual se pagó una presunta coima al expresidente Alejandro Toledo.
Sétimo golpe
Esta madrugada el juez Richard Concepción admitió el pedido de prisión preventiva para exdirectivos de la empresa por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. A esta hora del día las acciones de la peruana caen más de 6 por ciento en la BVL y la Bolsa de Nueva York.
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