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por Fiorella Hokama
·El MEF puso en marcha la nueva Ley de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069). Ahora, la norma optimizará procesos, promoverá la competencia y mejorará la calidad del gasto público.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó hoy la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N.º 32069, una reforma estructural que busca transformar la manera en que el Estado peruano adquiere bienes y servicios.
Denisse Miralles, viceministra de Economía, conversó con RPP sobre el tema, y dijo que "lo que estamos buscando es que el procedimiento sea mucho más ágil, pero además haya más transparencia y que prime la calidad del servicio o del producto que se compre".
Frente a ello, se han "hecho toda una serie de lineamientos y disposiciones que van a permitir que los operadores, es decir, los funcionarios públicos, realicen una adecuada y transparente compra, pero además que se garantice la calidad del producto".
La norma —que incluye también su reglamento— simplifica los procesos de contratación pública, optimiza el uso de los recursos del Estado y moderniza la estructura institucional a través de un enfoque basado en la gobernanza y la articulación técnica.
Para ello, se fortalece el rol de la Dirección General de Abastecimiento (DGA), el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE, antes OSCE) y la Central de Compras Públicas (Perú Compras).
Los cambios en la norma
Miralles calificó esta reforma como un “cambio de paradigmas” en las compras estatales, y subrayó que se han seguido las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La ley aplica un enfoque integral que abarca toda la cadena del abastecimiento público, reconociendo al Estado como el principal comprador del país.
Entre los cambios se encuentran:
Nuevos mecanismos de contratación, como los acuerdos de riesgo compartido y la habilitación de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional.
Medidas que dinamizan la participación de proveedores, incluyendo incentivos por buen desempeño y una regulación más clara sobre impedimentos para contratar con el Estado.
Mecanismos de solución de controversias, que apuntan a reducir conflictos y agilizar procesos.
Desde marzo, el MEF ha capacitado a más de 6,000 funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno en todo el país, en un esfuerzo por asegurar una implementación efectiva del nuevo marco legal.
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