Aunque las eventuales tarifas arancelarias de EE. UU. sobre el cobre peruano preocupan al sector, importantes riesgos económicos provendrían de los conflictos sociales que paralizan proyectos y del discurso antiminero en el proceso electoral de 2026.
La conflictividad social que afecta a diversos proyectos mineros en el país podría representar un riesgo económico mayor al que significaría la eventual aplicación de aranceles al cobre peruano por parte de Estados Unidos. Así lo advirtió Felipe Valencia-Dongo, socio principal del Grupo Estrategia.
“El costo de los conflictos sociales o de la falta de aceptación social de los proyectos es mucho más alto que el de un arancel”, señaló el especialista, quien también destacó que el Perú no tiene control sobre las tensiones internacionales y debe concentrar sus esfuerzos en fortalecer las condiciones internas para mantener la competitividad del sector minero.
“Somos tomadores de shocks externos y muchas veces ni siquiera podemos anticiparlos”, remarcó.
Valencia-Dongo sostuvo que, en medio de un escenario global incierto, el desafío real está en generar estabilidad y confianza a nivel local, garantizando que los proyectos puedan desarrollarse sin interrupciones sociales prolongadas.
Riesgo electoral y discurso antiminero
El especialista también alertó sobre los efectos que podría tener el clima político de cara a las elecciones generales de 2026.
Según explicó, se prevé una mayor politización del discurso antiminero, especialmente en regiones como Cajamarca y Arequipa, donde el alto número de postulantes al Congreso podría incentivar mensajes contrarios a la inversión privada en minería como parte de su estrategia electoral.
“Habrá hasta 180 candidatos en algunas zonas, y muchos buscarán protagonismo enfrentando al gran capital, sobre todo al minero. Es una fórmula rentable en política”, comentó.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación como panelista en el evento Jueves Minero, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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