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por Fiorella Hokama
·El presidente de Confiep, Jorge Zapata, advirtió sobre el grave impacto económico, ambiental y social de la minería ilegal en el Perú, criticó la extensión del Reinfo y cuestionó la falta de firmeza del gobierno y el Congreso ante bloqueos, invasiones y el uso político de esta actividad informal.
Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), se presentó en La Rotativa del Aire por RPP y expresó su preocupación por el impacto económico y ambiental de la minería ilegal en el país. Además, criticó la falta de formalización de miles de mineros y la percibida "mano blanda" del gobierno ante los bloqueos de carreteras y la invasión de concesiones mineras legales.
Uno de los puntos centrales de la crítica de Confiep es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que lleva 22 años sin lograr una formalización efectiva. Zapata lamentó que, a pesar de las extensiones de plazos, incluyendo una reciente hasta el 31 de diciembre para quienes tenían registro actualizado, 50,000 mineros no han actualizado su registro en los últimos cuatro años ni en los 22 años de vigencia del Reinfo.
"Evidentemente, pues no hay mayor intención de formalizarse. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir extendiendo el plazo? ¿Toda la vida? No, no es así. Tiene que ponérsele un fin", sentenció Zapata.
El daño económico a partir de la minería ilegal
El titular de la Confiep enfatizó que los bloqueos de carreteras, protagonizados por mineros ilegales, afectan severamente la economía nacional: "Los productores agrarios no pueden sacar sus productos, transportarlos y esto perjudica mucho a la nación".
Subrayó que la toma de carreteras es un delito que no se está combatiendo con la suficiente firmeza y sostuvo que esta situación genera incertidumbre: "Todo eso es algo extraño para los inversionistas", afirmó.
Mencionó que mientras las empresas mineras formales esperan en promedio entre 13 y 15 años para obtener una concesión y cumplir con una serie de requisitos y expedientes interminables, los mineros ilegales invaden concesiones y el Estado "no hace demasiado" para impedirlo. Esto, según Zapata, crea reglas de juego poco claras y afecta la estabilidad jurídica.
La minería ilegal no solo afecta la economía, sino que causa un "daño ambiental que es tremendo, desastroso". Zapata citó como ejemplo "la pampa en Madre de Dios, las miles de hectáreas que han sido destruidas por la minería ilegal y ahora están tomando otras zonas en la Amazonía del país".
Más allá del deterioro ambiental, esta actividad es un foco de violencia, bandas delictivas, enfrentamientos e infiltración de organizaciones criminales internacionales. "La minería ilegal [...] es el que produce el fenómeno de violencia, bandas delictivas, enfrentamiento entre bandas, infiltración de organizaciones criminales de otros países", explicó Zapata.
Además, denunció las "condiciones precarias con la que trabajan los trabajadores de esta minería ilegal", señalando que los que explotan son "gente con recursos" que explotan al minero que trabaja en el socavón.
El problema se agrava con la implicación en otros delitos como el tráfico de personas, y el peligro de que "se lucren en la política", lo que podría llevar al país hacia una "ruta muy peligrosa". Zapata también resaltó que las concesiones no otorgadas a mineras formales por falta de requisitos han sido invadidas por informales que no respetan el medio ambiente, los restos arqueológicos ni las condiciones laborales.
'Mano blanda' del Gobierno y los vacíos legales
Zapata considera que existe una "mano blanda" por parte del gobierno, una situación que, según él, se arrastra desde hace muchos años y gobiernos, ya que los líderes de las tomas de carreteras no son sometidos a la justicia.
Se refirió a la directora general contra el crimen organizado del Ministerio del Interior, Silvia de la Cruz Quintana, quien mencionó que, a pesar de los esfuerzos, existen "vacíos que les permiten pagar indemnizaciones y que continúen incluso sin denuncias". Ante la pregunta de si se lograría un cambio radical en seis meses, Zapata respondió que probablemente no.
Asimismo, el presidente de Confiep criticó a algunos congresistas por apoyar protestas de mineros informales y promover leyes que extienden el Reinfo, lo que —según él— no favorece al país. También hizo un llamado a quienes se oponen a la minería formal, pidiéndoles reconocer el daño ambiental y social de la minería ilegal. Destacó la importancia de diferenciar entre mineros ilegales y artesanales, a quienes se debe apoyar en su formalización, pero con control para evitar abusos por parte de grandes capitales.
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