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Esta falta de preparación es particularmente acentuada en las empresas pequeñas y aquellas ubicadas fuera de Lima y Callao.
Un reciente estudio, en exclusiva para RPP, del Centro de Ética y Gestión Sostenible (CEGES) de la Universidad del Pacífico y Datum Internacional, ha expuesto importantes deficiencias en las medidas preventivas contra el soborno en el sector empresarial peruano. El análisis, basado en encuestas a altos ejecutivos de empresas de todo tamaño y ubicación, tuvo como objetivo medir el nivel de implementación de estas prácticas.
El hallazgo central es que el 47 % de las empresas a nivel nacional no cuenta con medidas específicas para la evaluación de riesgos de soborno. Esta falta de preparación es particularmente acentuada en las empresas pequeñas y aquellas ubicadas fuera de Lima y Callao.
En cuanto a la percepción, un 98 % de los encuestados cree que existen empresarios que ofrecen sobornos en el país. Sin embargo, un 24 % considera que no hay soborno en su propio sector de negocios. El sector de la construcción es percibido como el más propenso a esta práctica (44 % de las respuestas).
El estudio también señala un alto nivel de desconocimiento sobre la normativa y las iniciativas voluntarias anticorrupción en el país, siendo este desconocimiento mayor en las empresas de menor tamaño. Aunque casi todas las empresas tienen al menos una práctica básica como un Código de Ética, las medidas que implican mayor esfuerzo, como un programa antisoborno completo, son mucho menos comunes (4 %-7 %).
Según la percepción de los ejecutivos, el soborno representa un sobrecosto promedio del 15.35 % en los negocios. Las presiones para recurrir al soborno provienen tanto del sector público (trámites engorrosos, requerimientos directos) como del sector privado (temor a perder negocios frente a competidores que pagan sobornos).
Perú en riesgo de institucionalizar el soborno si no actúa a tiempo
El Índice de Institucionalización del Soborno (IIS), que mide la normalización del soborno, se situó en 39.4 para Perú en 2024. Este valor indica que el soborno está "en proceso de desarrollo" y que el país se encuentra en una "zona gris" donde la práctica tiende a normalizarse en varios sectores.
El estudio advierte que, si no se implementan acciones correctivas, el país se acerca peligrosamente al rango de "Soborno Institucionalizado".
Las principales motivaciones para combatir el soborno son la reputación y el sentido ético, mientras que la corrupción en el sector público y las acciones deshonestas de la competencia son los principales desincentivos. Combatir eficazmente el soborno, según los ejecutivos, pasa más por la educación ética y reformas que por la simple adición de nuevas leyes.
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Geraldine Hernández Periodista de economía
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