Retrasos en proyectos mineros impidieron que 1.7 millones de peruanos salgan de la pobreza, según IPE

La paralización de proyectos mineros por conflictos sociales o por la tramitología han generado grandes pérdidas a la economía peruana, así lo advierte un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Solo entre el 2008 y 2022, las pérdidas por no ejecutar 23 proyectos mineros por factores ajenos a la voluntad de las empresas llegaron a costar, al 2023, cerca de S/ 700 mil millones al PBI.

Esto también implica una reducción en S/ 123 mil millones de la recaudación de impuestos y menos puestos de trabajo que se hubieran generado si los proyectos se ponían en marcha.

Solo en empleos se calcula que se hubieran generado hasta 541 mil puestos de trabajo y 125 mil en inversión, lo cual también habría reducido los niveles de pobreza.

"Si se hubieran ejecutado, el crecimiento anual del PBI podría haber pasado de un promedio anual de 3.9% a 4.7% entre 2008-2022, reduciendo la pobreza en 1.7 millones de personas adicionales", indica el reporte del IPE.

¿Cuánto costaron los conflictos?

El IPE recuerda que desde el 2021 hasta inicios del 2023 se paralizaron 11 principales unidades mineras en ocho regiones, causando pérdidas de PBI de casi S/ 7 mil millones.

Con esto también se tuvo una pérdida fiscal de S/ 1,791 millones, equivalente al 5.2% del total recaudado en el sector en los últimos tres años. 

De esta manera, se estima que solo las paralizaciones a las actividades mineras costaron 1.1% de crecimiento económico entre el 2021 y 2022.

Costo de la tramitología

Otro problema que advierte el estudio es la tramitología, que puede alargar la puesta en marcha de un proyecto minero por un periodo de hasta 6-7 años, más del doble que el plazo normativo (2-3 años).

"Las principales demoras están relacionadas con los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa", indican.

Ante esto, se calcula que solo un retraso de cuatro años en un proyecto podría generar pérdidas de S/ 12 mil millones al PBI, pérdidas fiscales por S/ 2,066 millones y la no creación de 8,500 empleos anuales en fase de inversión y 7,400 en fase de producción.