"De esta manera, se evitaría que los comicios electorales se vean contaminados con recursos procedentes de la criminalidad", dijo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) pidió hoy al Congreso de la República potenciar la lucha contra el lavado de activos, ante la proximidad de las elecciones regionales y los indicios de corrupción existentes en algunas regiones.
El superintendente adjunto de la UIF de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, indicó que la posibilidad de que la entidad pueda acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y financistas de las campañas políticas ayudaría a llevar a cabo una mejor fiscalización en los próximos comicios electorales.
"De esta manera, se evitaría que los comicios electorales se vean contaminados con recursos procedentes de la criminalidad", anotó.
En el marco de la inauguración del 22° Plenario de Egmont, que se realiza en esta ciudad, explicó que han sostenido reuniones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) a fin de conocer de dónde proceden los recursos de los candidatos que postulan a los cargos públicos.
"Para ello hemos acordado conformar una mesa de trabajo con la Onpe y otras entidades involucradas de manera que evitemos contaminar las campañas políticas”, apuntó.
Sin embargo, dijo, esta medida tiene limitaciones legales por la falta de información a la que tiene acceso la UIF.
“Si la Onpe, por ejemplo, quiere verificar si un candidato tiene una determinada cantidad de recursos en el banco, lamentablemente la UIF no puede dar esa respuesta ya que no tenemos acceso al secreto bancario ni a la reserva tributaria", lamentó.
Refirió que la ley se los impide y por ello existe, actualmente, un proyecto de ley que les brindaría esas atribuciones en la Comisión de Economía del Congreso de la República.
"Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido aprobar esta importante norma, con la cual podríamos llevar a cabo una mayor fiscalización a fin de evitar casos de corrupción como los que vemos en estos momentos”, agregó.
Espinosa sostuvo que si el Congreso de la República aprueba este proyecto inmediatamente procederían a la elaboración de un software y otras normas que se requieran para poder aplicar estas medidas en los próximos comicios de noviembre.
“Podríamos hacer las investigaciones con algunos casos que son de conocimiento público, pues las facultades legales hay que convertirlas en herramientas tecnológicas para analizar la información masiva, sin embargo, para las próximas elecciones presidenciales el trabajo podría ser mucho más completo”, indicó.
Sobre las investigaciones a los actuales candidatos inscritos para las regiones y alcaldías, Espinosa explicó que aún no tienen información sobre ellos o sus financistas, la misma que será alcanzada en su momento por la Onpe.
“Es urgente que el Congreso apruebe la norma que nos brinda mayores atribuciones, no sólo para el tema de candidatos y elecciones, sino para evitar todo los casos de corrupción”, destacó.
Asimismo, recordó que todas las UIF de América y Europa tienen acceso al secreto bancario, por lo que resulta sumamente necesario que nuestro país cuente con esta facultad.
La 22° Reunión Plenaria de Egmont contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, quién manifestó que este plenario resulta vital para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes y que sin duda, el país, enfrentará, en el marco del Estado de derecho y de la firma política de Gobierno que tienen los países miembros.
Agregó que el plenario es una ocasión para difundir lo que Perú hace en la materia como país serio, constructor de una sociedad inclusiva y una economía competitiva.
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una agrupación constituida en junio de 1995, que integra actualmente a 139 UIF de igual número de países y jurisdicciones del mundo con el objetivo de mejorar la cooperación y el intercambio de información para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
ANDINA