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Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que, a pesar de los avances, las brechas laborales entre hombres y mujeres continúan siendo una preocupación central, en la región.
Pese al crecimiento económico en América Latina y el Caribe tras la pandemia, la informalidad continúa siendo un desafío para la región, así como las desigualdades de género y las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a un empleo formal, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Economía para Todos, Gerson Martínez, especialista regional en economía laboral de la oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe, reveló la cifra de trabajadores que laboran en la informalidad.
“Aunque tenemos avances, ligeros, pero avances, uno de cada dos trabajadores está en condición de informalidad”, puntualizó.
Esta situación, implica que un importante número de trabajadores recibe bajos salarios, no accede a beneficios sociales, entre otros.
Asimismo, indicó que, a pesar de los avances, las brechas laborales entre hombres y mujeres continúan siendo una preocupación central.
“Persiste una brecha salarial de género que, en promedio, en América Latina es de cerca del 20 %”, acotó.
En ese sentido, resaltó que es importante un abordaje integral para enfrentar la informalidad. Además, destacó que el crecimiento económico es una condición indispensable para generar más empleos formales.
“Se debe tener en cuenta políticas de país que permitan abordar este problema que es complejo: desarrollo productivo, generación de más empleos, protección social y el reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales”, indicó.
Remuneración mínima vital
Recientemente, en el Perú el sueldo mínimo se incrementó a S/ 1,130. El representante de la OIT indicó que “no hay evidencia empírica contundente que determine que los salarios mínimos tienen un impacto en la generación o destrucción de empleos”.
Explicó que para fijar y ajustar los salarios mínimos se debe tener en cuenta los factores económicos y la necesidad de los trabajadores y sus familias.
“Es importante balancear que sea suficientes para garantizar una vida digna, pero también la capacidad de pago y las condiciones económicas”, puntualizó.
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