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Según el Instituto Peruano de Economía, el reciente aumento del salario mínimo a S/1,130 beneficiará solo al 1 % de los trabajadores, mientras que podría incrementar las barreras para la formalización laboral, afectando principalmente a los segmentos más vulnerables.
El reciente anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre el incremento del salario mínimo vital (RMV) de S/1,025 a S/1,130 ha generado debate sobre sus verdaderos impactos. Este aumento de S/105, el mayor desde 2016, podría beneficiar solo al 1 % de los trabajadores, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), mientras que para la mayoría del segmento informal podría significar nuevas barreras para la formalización.
El 39 % de los informales sigue ganando menos del salario mínimo actual
En un mercado laboral donde el 76 % de los trabajadores son informales y apenas el 5 % son independientes formales, el impacto de este incremento es reducido. De hecho, el IPE señala que solo el 1 % de los trabajadores verá un aumento en sus ingresos, mientras que un 39 % de los informales que laboran a tiempo completo sigue ganando menos del salario mínimo actual.
Además, el cumplimiento del nuevo salario mínimo podría ser complicado para muchas empresas, aumentando la contratación informal.
El contexto político no puede ser ignorado: 13 de los 15 incrementos del RMV desde el año 2000 han coincidido con periodos electorales o baja aprobación presidencial. Esto sugiere que, más que criterios técnicos, las decisiones obedecen a razones políticas.
IPE propone impulsar la inversión privada y brindar mayor competitividad al mercado laboral
El incremento del salario mínimo también podría generar efectos adversos. Según estimaciones del IPE, tras el último aumento de la RMV en 2022, un 28 % de los jóvenes con empleo formal pasó a la informalidad en el año siguiente, casi el doble de los niveles registrados en periodos sin aumentos.
En comparación internacional, el RMV en Perú equivale al 57 % del salario promedio, una proporción mayor que en países como México, Brasil y Chile, y significativamente superior al promedio de la OCDE (42 %). Esto refleja las dificultades que enfrentan empresas de baja productividad para absorber estos costos, empujándolas hacia prácticas informales.
En lugar de priorizar ajustes al salario mínimo, el IPE propone enfocar esfuerzos en medidas que impulsen la inversión privada y doten de mayor competitividad al mercado laboral. Reformas en la regulación laboral y tributaria serían esenciales para crear empleos de calidad y mejorar el bolsillo de los trabajadores de manera sostenible.
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Geraldine Hernández Periodista de economía
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