El Colegio de Abogados de Loreto se presentó en RPP y explicó la relevancia del Tribunal Constitucional en el Reinfo y en cuánto tiempo deberían responder la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31388.
Ante una posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el Colegio de Abogados de Loreto interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31388 (del 17 de diciembre de 2021. Frente a ello, Marco Noriega, decano de la mencionada entidad, se presentó en La Rotativa del Aire por RPP para informar sobre este tema.
"Contraviene al artículo 2 inciso 22 que menciona la paz, la tranquilidad y el disfrute del tiempo libre, al descanso y a gozar de un ambiente adecuado al desarrollo de la vida. La minería ilegal en Loreto transgrede la cuenca amazónica de los ríos porque trae la contaminación. La matriz fundamental es de ámbito normativo, en cuanto a una posible formalización, llevaría un daño fundamental de impacto al ambiente. La minería ilegal causa deforestación y un daño fundamental al ecosistema", expresó el experto.
Como se sabe, el martes 5 de noviembre se realizará la vista de causa sobre la demanda de constitucionalidad que el Colegio de Abogados de Loreto interpuso contra la prórroga del Reinfo.
Por lo que, frente al tiempo que deberían actuar las autoridades, Noriega dijo que "eso queda a disposición del Tribunal Constitucional porque no es la primera vez que tenemos casos en proceso. Sin embargo, en cuanto a la carga, no tendríamos una fecha concreta, pero entendemos que sería dentro de un plazo razonable. (30 días), por la consistencia y rigurosidad en la que se tiene que resolver, porque estamos ante una ley en la que se pretende formalizar la minería ilegal".
Marco Noriega considera que "esa ley está pretendiendo dar poder a grupos de poder vinculados a la minería ilegal, pero no ven el impacto que causan a la deforestación, contaminación y el daño a los ecosistemas".
Finalmente, mencionó que, si se les da la razón, esta medida debe discutirse para hacer una unificación de varios aparatos del Estado y, de esta manera, concretarse y unificarse una ley que encamine el ordenamiento del sector minero.
"El congreso no está escuchando a los sectores. Está dando leyes no solo en minería ilegal, sino también en investigación del Ministerio Público, organización criminal, etc; y repercute en todo el aparato de justicia y deja al descubierto y debilitado a los poderes estatales. Por eso entendemos que al darnos la razón, se debería escuchar a los colegios profesionales".
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