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por Redacción RPP
·La Unión Europea (UE) espera reducir su dependencia de Taiwán y Corea del Sur, que tienen casi un duopolio mundial en la fabricación de chips - producen el 100 % de los más avanzados - y entrar en la carrera global por impulsar un sector al que China, Estados Unidos y Japón destinarán subsidios millonarios en los próximos años.
La Ley Europea de Chips, con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores hasta cubrir el 20 % de la fabricación mundial para reducir su dependencia de Asia, entró en vigor este jueves.
La UE espera reducir su dependencia de Taiwán y Corea del Sur, que tienen casi un duopolio mundial en la fabricación de chips - producen el 100 % de los más avanzados - y entrar en la carrera global por impulsar un sector al que China, Estados Unidos y Japón destinarán subsidios millonarios en los próximos años.
Para lograrlo, se quiere identificar a fábricas "primeras en su género" por sus procesos de producción o su nivel de innovación, que se beneficiarán de ayudas públicas adicionales y procedimientos administrativos acelerados.
Monitorizar las cadenas de suministro
Además, con el objetivo de favorecer la investigación en chips de última generación y la salida al mercado de las innovaciones, la ley prevé crear líneas piloto en las que experimentar con semiconductores avanzados a las que tengan acceso prioritario las grandes fábricas, así como apoyar el desarrollo de chips cuánticos y facilitar que pequeñas empresas obtengan financiación.
La ley creará también un mecanismo de coordinación entre Comisión Europea y Estados para monitorizar las cadenas de suministro con el fin de anticipar problemas de abastecimiento y tomar medidas de emergencia en caso de crisis.
En ese escenario, Bruselas podría exigir a las empresas información sobre la situación de su producción, las factorías "primeras en su género" estarían obligadas a dar prioridad a los pedidos que la UE considere relevantes para responder a la crisis y la Comisión Europea podría comprar chips en nombre de los Veintisiete.
Las empresas que incumplan se enfrentarían a sanciones de hasta 300.000 euros por no proporcionar información o multas periódicas de hasta el 1,5 % de su facturación diaria por no respetar los pedidos prioritarios.
(EFE)
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