Peaje en Puente Piedra opera con normalidad pese a advertencias de alcalde de Lima

Tras cumplirse hoy, domingo, el plazo que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio a la concesionaria Rutas de Lima para que "devuelva" los peajes a la administración edil, la empresa continúa operando con normalidad en el distrito de Puente Piedra.

Así lo constató un equipo de RPP Noticias que, desde las primeras horas de esta mañana, registró que los vehículos ligeros y de carga pesada continúan llegando hasta la garita de control ubicada en el km. 25 de la carretera Panamericana Norte. Incluso, se ve una afluencia mayor debido al feriado largo de Fiestas Patrias.

Cabe resaltar que, ayer por la tarde, algunos ciudadanos llegaron hasta el peaje ubicado en el referido distrito manifestándose a favor de la medida anunciada por el burgomaestre.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se registró la presencia de personal de la municipalidad ni de manifestantes a favor o en contra del anuncio del alcalde realizado tras cumplirse más de 100 días desde que el Concejo Metropolitano resolvió, de forma unilateral, el contrato de concesión. 

Insistencias y arbitraje

El último 25 de julio, el alcalde Rafael López Aliaga, en el marco de una actividad oficial, invocó al consorcio Rutas de Lima a "devolver" lo que él llamó "los peajes de la corrupción".

"Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario tenemos en nuestra estrategia, un proceso totalmente legal, que implementaremos”, dijo el burgomaestre.

Dos días después, la empresa emitió un comunicado en el que resaltó que existe una controversia sobre el tema ante el Tribunal Arbitral internacional y que no se puede desconocer la medida cautelar dictada por dicha instancia a favor de Rutas de Lima.

"El Tribunal Arbitral Internacional designado por las partes, según lo establecido en el Contrato de Concesión y en conformidad con la Constitución y las leyes peruanas, es la única autoridad o instancia que puede resolver acerca de la validez de la caducidad decretada por la Municipalidad. Ninguna autoridad o instancia distinta (...) puede decidir sobre lo que está en controversia", indicaron.

Asimismo, el consorcio alertó a las autoridades peruanas que, "de concretarse un ataque y/o desalojo de la concesión de Rutas de Lima", esto se consideraría como "una grave e irreparable violación a las garantías que los tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros".

Cabe recordar que, tras la resolución del contrato por parte del municipio en enero, la empresa inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Al respecto, el pasado 6 de julio, se supo que el Tribunal Arbitral Ad Hoc del referido organismo internacional decidió dejar sin efecto el término del contrato y que continue el pago de peajes.

"Ordenar a la demandada que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, indica el fallo.

Además, la resolución procesal N° 05 ordenó al municipio “abstenerse de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto y contra la Demandante durante el trámite del presente arbitraje”.

Ante esa decisión, el alcalde de Lima acusó a los integrantes del tribunal de cobrar 500 mil dólares "por dar una cautelar en un tema del cual no eran competentes".

"Es escandaloso. Esto ha motivado que la Procuraduría Municipal denuncie penalmente a este tribunal", anunció Rafael López Aliaga a la prensa aquel día.

Tras esta acusación, el consorcio Rutas de Lima SAC emitió un comunicado señalando que "dichas alegaciones son falsas".

"Las órdenes emitidas por el Tribunal Arbitral Internacional, incluyendo sus recientes medidas cautelares, son de obligatorio cumplimiento para las partes (...) Los actos recientes de la MML y cualquier incumplimiento de las medidas cautelares suponen la amenaza de actos expropiatorios y arbitrarios, atentan contra la inversión privada y ponen a la MML fuera del estado de derecho”, agregó la empresa. 

Asimismo, resaltaron que los "pagos efectuados al Tribunal Arbitral "fueron "girados a la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya (CPA)" y "corresponden a costos del procedimiento arbitral".

Luego de ese episodio, el último 8 de julio, tras una reunión entre el alcalde Rafael López Aliaga; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y otros actores políticos, se dispuso, nuevamente, el término del contrato de peajes con la concesionaria.

"En nuestro compromiso con la población, el alcalde junto al defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C, por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos", informó el municipio a través de Twitter.

Durante el encuentro, el defensor del Pueblo expresó su indignación ante lo que consideró un contrato que vulnera derechos.

"No puede ser que ningún contrato, sea entre peruanos o con otras empresas transnacionales, pueda vulnerar los derechos, acciones que ya están desarrolladas en nuestro marco normativo constitucional y en las normas de desarrollo", expresó.

Por su parte, el alcalde de Lima indicó que el contrato no tenía "ni una cláusula" que protegiera los intereses del municipio y de la población.

"He leído el contrato más de 40 veces, porque he trabajado 40 años contratos (…), y nunca he visto un contrato donde no haya una sola cláusula de protección para una contraparte. Pero ¿quién paga la factura? La gente más vulnerable. No la paga la gente que tiene una residencia, ellos no se atreven a una zona adinerada, ahí no van a poner un peaje", indicó. 

"Este tema lo tenía pendiente, lo dije en campaña. Yo entro a la MML y busco la nulidad (del contrato). Pero no encontré con los abogados la fórmula porque estaba demasiado blindado. Encontré la fórmula de caducidad que es pagarles (...) lo que han invertido, que es mínimo", agregó.

Además, agradeció al defensor del Pueblo el haber acudido a su llamado ante dicha situación. "Yo lo vine a ver hace un mes, le dije ‘pasa este problema de conmoción social, el 29 de julio es la fecha límite para recuperar estos peajes de la corrupción‘", puntualizó.

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