El fondo de inversión canadiense acusa al Estado de "hostigamiento sostenido" y "expropiación indebida" y que con ello destruyó la viabilidad financiera de Rutas de Lima. Brookfield indica que acción se ampara en el TLC Perú-Canadá, luego de la pérdida de más del 60% de sus ingresos.
El fondo de inversión Brookfield anunció este miércoles el inicio de un arbitraje internacional en contra del Estado peruano. Esta medida se toma luego de que el último 29 de septiembre la Junta General de Accionistas de su subsidiaria Rutas de Lima S.A.C. (RDL) se viera obligada a aprobar el proceso de disolución y liquidación de la empresa.
Brookfield, el accionista mayoritario de RDL, sostiene que la disolución es consecuencia directa de una serie de "medidas arbitrarias y abusivas" y un "hostigamiento sostenido" por parte de diferentes entidades del Estado.
La compañía ha calificado las acciones estatales como una "expropiación indebida" de su inversión en el Perú.
Hostigamiento estatal y la destrucción de la viabilidad financiera
Según el comunicado de Brookfield, el deterioro de la situación financiera de Rutas de Lima fue impulsado por múltiples acciones que minaron la Concesión y llevaron a que el patrimonio de la empresa se volviera negativo.
Entre las medidas citadas por la compañía se encuentran la suspensión del cobro de peajes en la unidad de Chillón (Puente Piedra) y la estación Conchan (Lurín), por disposiciones del Tribunal Constitucional (TC) y una sentencia judicial, respectivamente. De acuerdo a Brookfield, estas acciones aumentaron la pérdida total de ingresos a más del 60%.
También se refiere a una toma indebida del Tramo Ramiro Prialé, que impidió la construcción y operación pese a una inversión superior a los S/ 500 millones por parte de RDL. Además, señala el repudio expreso de laudos arbitrales internacionales, los cuales han sido confirmados por la justicia federal de EE. UU., por un valor superior a los S/ 700 millones.
Además, Brookfield hace mención a decenas de procesos legales, incluyendo acciones penales y hábeas corpus, promovidos por autoridades estatales para perjudicar la Concesión.
A esto se sumó una "continua campaña de hostigamiento y difamación" impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otras autoridades, que incluyó ataques sistemáticos en medios y redes sociales, señala el fondo de inversión.
Brookfield enfatizó que Rutas de Lima invirtió más de S/ 3300 millones para mejorar la infraestructura vial de Lima y que la totalidad de las recaudaciones de peajes fue reinvertida en mantenimiento y mejora continua, sin haber repartido dividendos a sus accionistas.

Arbitraje internacional bajo el TLC Perú-Canadá
Frente a la inacción de las autoridades peruanas para remediar la situación, Brookfield ha decidido iniciar un arbitraje internacional. Esta acción legal se encuentra amparada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá.
Ben Vaughan, Global Chief Operating Officer de Brookfield Infrastructure Group, declaró que la disolución es una consecuencia directa de las acciones del Estado, las cuales "han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica, demostrando que este no respeta sus compromisos".
Vaughan concluyó que, a pesar de que Perú asegura buscar la inversión extranjera, el trato otorgado a Brookfield "envía el mensaje contrario".
Pese al proceso de disolución y liquidación, Rutas de Lima anunció en comunicado emitido ayer, martes 30 de septiembre, que continuará operando las vías concesionadas y cumpliendo con sus obligaciones hacia trabajadores y proveedores.