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por Redacción RPP
·En RPP, el abogado Rafael Llano detalló que se trata de un proceso penal y, además, dos tribunales internacionales han fallado a favor de Rutas de Lima al determinar “que no hubo corrupción” en la firma del contrato de concesión.
Una eventual condena contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la investigación que se le sigue por presuntos aportes ilegales de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña por el ‘No a la revocatoria’ (2013) y su reelección en 2014, no implicaría la invalidez del contrato de concesión de Rutas de Lima. Así lo estimó este jueves Rafael Llano, abogado de Brookfield, principal accionista de la concesionaria.
En el programa Ampliación de Noticias, el letrado señaló que este es un proceso de índole penal en el que se determinará la supuesta responsabilidad de la exalcaldesa, por quien la Fiscalía solicita 29 años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado.
“Ese proceso es un proceso de índole penal. Ese proceso no viene a pronunciarse sobre la validez o invalidez del contrato de concesión de Rutas de Lima”, señaló.
“Es una responsabilidad personal de ciertas personas físicas, incluyendo la señora Villarán, que están imputados o acusados en ese procedimiento. Pero en todo caso, cualquier implicación que salga de ese proceso, evidentemente tendrá que ser evaluada también como parte del proceso internacional y de la responsabilidad internacional del Estado peruano”, agregó.
Consultado por los calificativos de corrupción que ha proferido el alcalde limeño Rafael López Aliaga contra el contrato, por la confesión de Villarán sobre haber aceptado los aportes, el abogado respondió que tales alegaciones carecen de fundamento y enfatizó que dos tribunales internacionales han fallado a favor de Rutas de Lima, concluyendo que “no hubo corrupción en el contrato” de concesión.
Según Llano, la Municipalidad de Lima tuvo la oportunidad de presentar pruebas y argumentos en estos procesos internacionales y no logró demostrar sus acusaciones.
“La Municipalidad de Lima tuvo plena oportunidad de presentar todos sus argumentos, todas sus pruebas, todos sus testigos, y cuando se ha enfrentado a la justicia real [se refiere a los tribunales internacionales], no ha prevalecido, ha fracasado”, apuntó.
Brookfield presentó demanda internacional de arbitraje como “último recurso”
De otro lado, el letrado dijo que la empresa Brookfield presentó la demanda internacional de arbitraje contra el Estado peruano por 2 700 millones de dólares como “último recurso” ante supuestos hostigamientos de la Municipalidad de Lima, que exige el cierre y la cancelación de los peajes administrados por Rutas de Lima.
“[Este monto representa el valor de la concesión, que incluye, desde luego, una inversión muy grande por parte de sus accionistas y una contracción de deuda por parte de la empresa para poder financiar esta inversión”, alegó.
Asimismo, recordó que el proceso inició en marzo pasado, por lo que podría tardar entre dos a tres años en resolverse. Mientras tanto, el juicio contra la exalcaldesa Villarán está previsto para el próximo 23 de septiembre.
“Evidentemente, Brookfield quisiera poder haber resuelto esto mucho antes. Y les comento, Brookfield participó en varias reuniones, en varios intentos de llegar a un acuerdo con el Estado peruano”, comentó el abogado, quien acotó que los intentos de diálogo no llegaron a buen puerto.
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