Unión de Libertades Civiles de EE.UU. presentará demanda para frenar ley aprobada por la legislatura de ese estado que respalda ´ prácticas discriminatorias de la policía, dueños de edificios y empleadores´.
La Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) dijo hoy que presentará una demanda para frenar una ley antiinmigrante aprobada el jueves en la noche por la legislatura estatal de Alabama y que, a su juicio, es "más estricta" que la SB1070 de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
La ley fue enviada hoy al despacho del gobernador republicano Robert Bentley, quien dijo que analizará la legislación durante el fin de semana.
La ley de Alabama incluye más restricciones contra los indocumentados que la SB1070, que criminaliza la presencia de los inmigrantes indocumentados en el estado de Arizona, fronterizo con México, y parte de la cual está frenada en los tribunales.
A juicio de ACLU, las principales cláusulas de la nueva ley del estado sureño de Alabama respalda "las prácticas discriminatorias e inconstitucionales de la policía, los dueños de edificios y empleadores", porque permite la discriminación de los latinos por su aspecto físico o acento.
Entre otros elementos, la norma de Alabama contempla que las escuelas públicas exijan prueba de residencia legal para la inscripción de estudiantes y entreguen informes a la junta estatal de educación sobre el estatus migratorio de los alumnos.
También prohíbe la educación universitaria a estudiantes indocumentados.
Al igual que la SB1070, con esta ley la policía local de Alabama podrá exigir los papeles a quienes detenga por infracciones de tráfico y otros delitos menores y sospeche que están en el estado de forma ilegal.
En ese caso, los detenidos afrontarán cargos por el delito de no portar un permiso de residencia para extranjeros.
Además, la ley exige que los negocios utilicen el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados y las empresas podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados.
También convierte en delito estatal el traslado o albergue de inmigrantes indocumentados, algo que con seguridad afectará a personas con familiares "sin papeles".
Además impide que las ciudades de Alabama puedan aprobar leyes locales en contra de que la policía haga cumplir las leyes federales de inmigración.
La ley fue aprobada por un margen de 25-7 por el Senado estatal días después de que lo hiciera la Cámara de Representantes estatal por amplia mayoría.
Ambas cámaras de la legislatura estatal quedaron bajo control de los republicanos en noviembre de 2010 por primera vez en 136 años.
"Es un indignante regreso a la era de antes de los derechos civiles, e instamos al gobernador Bentley a que vete este erróneo proyecto de ley", dijo Cecillia Wang, directora del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
Wang advirtió que ACLU "defenderá los derechos y libertades civiles de todos los residentes de Alabama" si el gobernador no lo hace.
EFE
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