AL sigue practicando asilo aunque genere fricciones entre naciones

Pese a que la democracia está implantada en América Latina, el asilo o refugio en otro país de la región sigue siendo una necesidad para algunos latinoamericanos y su concesión un motivo de fricción entre Gobiernos amigos.

El último caso es el del exgobernador de Tarija (Bolivia) Mario Cossío, que hoy recibió el estatuto de refugiado en Paraguay, país al que llegó en diciembre pasado huyendo de lo que calificó como una "persecución política" por parte del Gobierno de Evo Morales.

Los miembros de la Comisión Nacional de Refugiados de Paraguay (Conare) decidieron por unanimidad darle el refugio a Cossío, que fue destituido como gobernador en diciembre pasado en razón de un juicio por supuestas irregularidades en su gestión, planteado por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

El opositor Cossío, que niega las acusaciones, había sido reelegido gobernador en abril pasado con el 49% de los votos.

Morales pidió a las instituciones de Paraguay a comienzos de enero que no fueran "protectoras de la corrupción", a lo que el presidente paraguayo, Fernando Lugo, afín ideológicamente al mandatario boliviano, respondió que su país "tiene una larga tradición de acoger a mucha gente como refugiados políticos y, además, es un estatus reconocido por las Naciones Unidas".

Esta misma semana se conoció que el juez boliviano Luis Tapia Pachi, que huyó de su país en junio pasado, tiene ya el estatus de refugiado en Brasil, donde hay cerca de 120 bolivianos en la misma situación, todos opositores al Gobierno de Morales, según dijeron ayer a Efe fuentes de la Conare local.

La Conare brasileña encontró fundados los "temores de persecución" de Tapia, que en su país fue acusado de "prevaricato y desobediencia a procedimientos penales" por resistirse a que una causa que él llevaba en Santa Cruz fuera trasladada a La Paz.

Hasta ahora el Gobierno boliviano no se ha pronunciado sobre la concesión de refugio a Tapia, pero sí lo hizo en cambio y con duras palabras cuando en 2009 el Gobierno peruano acogió a tres exministros bolivianos acusados en su país de genocidio por las muertes registradas en la represión de las protestas de 2003.

Los exministros Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia recibieron refugio, y Jorge Torres Obleas, asilo.

El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, reprochó entonces al Gobierno de Bolivia el haber dado refugio al peruano Walter Chávez, un exsimpatizante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que llegó a trabajar como asesor de Morales.

En 2006, las protestas de Paraguay por el refugio concedido a dos sospechosos del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, llevaron al Gobierno de Morales a revocar su decisión, pero los dos paraguayos huyeron sin ser extraditados.

El Gobierno de Perú también ha tenido sus más y menos con Venezuela, en este caso por el asilo concedido al dirigente opositor Manuel Rosales, en 2009, y el estatuto de refugiado otorgado al líder estudiantil Nixon Moreno, en el mismo año.

En Colombia está desde 2002, por decisión del entonces presidente Andrés Pastrana, otro asilado también "incómodo" para Venezuela.

Se trata de Pedro Carmona, el empresario que asumió la Presidencia interina del país durante el tiempo en que un golpe de Estado tuvo apartado del poder al presidente Hugo Chávez en 2002.

Y al mismo tiempo el actual Gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos, no ha ocultado su malestar por el asilo territorial concedido por Panamá a la exdirectora de la agencia de inteligencia (DAS) María del Pilar Hurtado el pasado noviembre.

El Gobierno de Nicaragua ha concedido asilo político al menos a tres personas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluido Rubén Darío Granda, hermano del llamado canciller de esa guerrilla, en junio de 2010.

También le ha dado el mismo beneficios a tres líderes indígenas peruanos y ha acreditado al ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra como embajador de inversión en misión especial y cuenta con pasaporte diplomático nicaragüense.

La mexicana Lucía Morett, que sobrevivió al ataque colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador en 2008, gozó de asilo en Nicaragua, pero ya se encuentra de regreso en su país.

El refugio concedido en Argentina en septiembre pasado al exguerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, reclamado en su país por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos ocurridos en 1991, sentó mal al Gobierno chileno, que lo considera un "golpe a la causa de los derechos humanos en Chile".

Un caso que no ha generado problemas entre los dos países implicados es el de Manuel Zelaya, sacado de la Presidencia de Honduras por un golpe de Estado en 2009 y residente en República Dominicana desde el 27 de enero de 2010.

Zelaya salió de la embajada de Brasil en Tegucigalpa el mismo día en que Porfirio Lobo asumió como presidente de Honduras, merced a un acuerdo entre ambos gobiernos.

EFE