Buscan destituir a senador impulsor de leyes antiinmigrantes en Arizona

Un grupo bipartidista anunció hoy una campaña para destituir al senador estatal republicano Russell Pearce, uno de los principales impulsores de leyes estatales en contra de la inmigración ilegal en Arizona.

La coalición Arizonenses para un mejor Gobierno planteó oficialmente a la Secretaría de Estado de Arizona su propósito de buscar la destitución de Pearce, quien apoya una propuesta estatal para negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.

"Pearce debe ser retirado de su puesto debido a su claro desdén por la Constitución de los Estados Unidos", dijo hoy a Efe Dee Dee Blase, directora del grupo Somos Republicans.

Aseguró que este "desdén" es un indicativo de la poca habilidad de Pearce para gobernar.

El grupo tiene hasta el próximo 27 de mayo para recaudar 7.756 firmas de votantes registrados dentro del distrito de Mesa, del que Pearce es representante, para poder llevar su propuesta antes los votantes.

Blase aseguró que el senador, líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta de Arizona, juró proteger y defender la Constitución de EE.UU., algo que no está haciendo al apoyar una propuesta que desafía la enmienda 14, que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en este país sin importar el estatus de sus padres.

Los esfuerzos para destituir a Pearce se anunciaron durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal un día después de que dos legisladores republicanos presentaran sendas propuestas que buscan definir a un ciudadano de Arizona como aquel nacido en EE.UU. y que al menos uno de sus padres es ciudadano bien por nacimiento o naturalización.

También se presentó otra iniciativa que busca hacer una "distinción" entre las actas de nacimiento que otorga el estado de Arizona a los hijos de ciudadanos estadounidenses y los hijos de inmigrantes indocumentados.

Pearce también fue el principal propulsor de la ley estatal SB1070, la primera en el país en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, que entró en vigor en julio pasado.

EFE