China ordena ejecutar mañana a británico por tráfico de droga

Los medios y las autoridades chinas guardan silencio a menos de 24 horas de la ejecución de Akmal Shaikh, un ciudadano británico que supuestamente padece una enfermedad mental y que será ejecutado por tráfico de drogas.

Se trata del primer extranjero que podría morir ajusticiado en el país asiático en cinco décadas.

El Tribunal Intermedio de Urumqi, capital de la región occidental china de Xinjiang, donde Shaikh fue juzgado, se negó a facilitar información sobre las peticiones de clemencia del primer ministro británico, Gordon Brown, de los familiares del condenado o de la ONU.

Además la corte declinó facilitar el nombre de la prisión en la que Shaikh pasa sus últimas horas.

De la misma manera, ningún diplomático se encontraba tampoco disponible en la embajada británica en Pekín, aunque la prensa cita a un portavoz que está de vacaciones y que asegura que dos funcionarios de esta legación están ayudando a los familiares de Shaikh, desplazados hasta Urumqi para pedir clemencia.

El londinense, de 53 años, fue detenido en 2007 en China con un alijo de 4 kilogramos de heroína, una situación a la que, según alegan abogados y familia, llegó debido a su desorden bipolar, ya que fue engatusado por terceros con la promesa de convertirlo en una estrella de la música pop en el país asiático.

La ONG británica Reprieve, dedicada a la defensa de presos y condenados a muerte, está en contacto con los dos primos del sentenciado desplazados a China, quienes han podido reunirse esta mañana con él e informarle, por primera vez, de que mañana será ejecutado.

Estos dos parientes tenían previsto entregar hoy una petición de clemencia al presidente chino, Hu Jintao, y a la Asamblea Nacional Popular (ANP), una especie de legislativo que se ocupa de dar carta de legalidad a las propuestas de ley del Ejecutivo comunista.

En la petición publicada por Reprieve, la familia pide que se lleve a cabo una evaluación mental del condenado para estudiar la gravedad de su enfermedad, lo que evitaría, según la ley china, su ejecución, que se llevará a cabo a las 10.30, hora local, de mañana.

La única mención en la prensa china al caso de Shaikh es la del diario "Global Times", donde el decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Pekín, Jia Qingguo, equipara este caso con el de Lai Changxing, un empresario corrupto chino refugiado en Canadá y que este país no extradita por temor a que sea ejecutado.

Según el profesor Jia, Occidente trata a China con un doble rasero: "Los países occidentales se niegan a extraditar a delincuentes como Lai usando la separación de poderes y la independencia del poder judicial como excusa para protegerlos".

Sin embargo, "cuando se trata de sus propios ciudadanos, como en el caso de Shaikh, entonces piden al Gobierno chino que intervenga. Pero aquí no se puede usar el poder del Gobierno para intervenir en los casos judiciales", asegura Jia.

Las palabras del decano contradicen la reducción del uso de la pena de muerte desde que Pekín consideró que era una mala publicidad para el régimen. A pesar de ello, la justicia china la sigue aplicando en gran número, con unas 5.000 ejecuciones este año, según cálculos de la Fundación Dui Hua.

El cómputo de esta ONG, dedicada a documentar casos de presos políticos y ejecuciones en China, quintuplica las cifras calculadas por Amnistía Internacional (AI), aunque ambas superan la suma de todas las ejecuciones que se practican en el resto del mundo.

En 2004, un delegado de la ANP china reconoció que anualmente ejecutaban a 10.000 convictos, una cifra que ha ido reduciéndose desde que en 2007 lo decidiera el Tribunal Popular Supremo, presidido por un miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, que gobierna el país desde 1949. EFE