Ivan Duque objetó parcialmente ley de justicia de paz con las FARC

El presidente colombiano, Iván Duque, devolverá al Congreso la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras objetar seis artículos de dicha norma por considerar que no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC.

“Para buscar una genuina reparación, el gobierno objeta por inconveniente del artículo séptimo de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas (…) Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación militar con sus bienes y activos que satisfagan a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”, explicó.

La citada ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero el mandatario decidió objetarla parcialmente.

"He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente", manifestó Duque en una alocución en cadena nacional de radio y televisión.

Reparar a las víctimas del terrorismo

Las objeciones buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado, aclarar las competencias de la justicia ordinaria inclusive en los casos de extradición, y definir la atribución del Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes se acogen a la justicia transicional.

Igualmente pretende garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra "en relación con quienes no son máximos responsables" para que no haya impunidad; la exclusión "de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes" de la justicia transicional y la pérdida de beneficios de "quien reincida en las actividades criminales".

Consideró "conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria", esto con el fin de evitar impunidad "y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas".

El choque de competencias entre la JEP y la justicia ordinaria es notorio principalmente en lo que tiene que ver con el caso de extradición de Jesús Santrich, uno de los jefes de las FARC, detenido desde el pasado 9 de abril en Bogotá a petición de Estados Unidos, que lo pidió en extradición por narcotráfico, delito que supuestamente cometió después de la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.

Por eso el presidente objetó también el artículo 150 de la Ley Estatutaria de la JEP, que consideró "inconveniente" debido a que no precisa "que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas", y en el caso de Santrich, esa instancia las solicitó a Estados Unidos para decidir si es procedente o no su extradición.

EFE