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por Redacción RPP
·Un tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia de 25 años de prisión impuesta al ex dictador por el homicidio de 37 opositores y por un delito de lesa humanidad.
Un tribunal de segunda instancia uruguayo confirmó hoy la condena de 25 años de prisión impuesta en octubre del año pasado al ex dictador Gregorio Álvarez por "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y por un delito de "lesa humanidad".
Según fuentes judiciales, el tribunal desestimó los recursos de apelación impuestos tanto por la defensa como por el Ministerio Fiscal, que pedía condenar por el delito de desaparición forzada de personas al ex general y a Juan Carlos Larcebeau, otro ex militar acusado de "homicidio especialmente agravado", aunque referido a 29 personas.
Álvarez, de 84 años y actualmente en prisión, fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y gobernante de facto desde 1981 hasta el fin de la dictadura, en 1985.
El pasado 22 de octubre la Justicia lo condenó por su responsabilidad en la muerte en los años 1977 y 1978 de un grupo de opositores en complicidad con la dictadura argentina, así como por otros delitos de "lesa humanidad".
El ex dictador fue condenado entonces a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze.
El ex militar, que se considera inocente de los crímenes, ingresó en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay en plena dictadura uruguaya.
La resolución del tribunal de segunda instancia consideró probado que Álvarez debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes opositores entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
La condena a Álvarez por estos delitos fue posible porque el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), del izquierdista Frente Amplio, excluyó la aplicación en este caso de la Ley de Caducidad, que previene los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, por tratarse de crímenes cometidos fuera del país o en camino hacia Uruguay, relacionados con las acciones del denominado "Plan Cóndor".
Este programa de represión aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años setenta para acabar con opositores y disidentes, tanto en los propios territorios nacionales como en los de los países integrados en el plan.
-EFE-
Según fuentes judiciales, el tribunal desestimó los recursos de apelación impuestos tanto por la defensa como por el Ministerio Fiscal, que pedía condenar por el delito de desaparición forzada de personas al ex general y a Juan Carlos Larcebeau, otro ex militar acusado de "homicidio especialmente agravado", aunque referido a 29 personas.
Álvarez, de 84 años y actualmente en prisión, fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y gobernante de facto desde 1981 hasta el fin de la dictadura, en 1985.
El pasado 22 de octubre la Justicia lo condenó por su responsabilidad en la muerte en los años 1977 y 1978 de un grupo de opositores en complicidad con la dictadura argentina, así como por otros delitos de "lesa humanidad".
El ex dictador fue condenado entonces a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze.
El ex militar, que se considera inocente de los crímenes, ingresó en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay en plena dictadura uruguaya.
La resolución del tribunal de segunda instancia consideró probado que Álvarez debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes opositores entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
La condena a Álvarez por estos delitos fue posible porque el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), del izquierdista Frente Amplio, excluyó la aplicación en este caso de la Ley de Caducidad, que previene los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, por tratarse de crímenes cometidos fuera del país o en camino hacia Uruguay, relacionados con las acciones del denominado "Plan Cóndor".
Este programa de represión aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años setenta para acabar con opositores y disidentes, tanto en los propios territorios nacionales como en los de los países integrados en el plan.
-EFE-
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