Los falsificadores se aprovechaban de la obligación para algunos viajeros de presentar un test negativo de COVID-19 para poder embarcar. Ellos generaban certificados falsos con el membrete de un laboratorio real, y se los entregaban a los compradores tanto en papel como en versión digital.
Siete personas fueron arrestadas en el marco del desmantelamiento de una red que traficaba certificados negativos falsos de COVID-19 para venderlos ilegalmente a viajeros en el aeropuerto parisino de Roissy-Charles-de-Gaulle, informó una fuente oficial este jueves.
La investigación permitió "el hallazgo (en los teléfonos móviles de las personas detenidas) de más de 200 certificados negativos falsos, realizados inmediatamente para poder embarcar en vuelos internacionales", dijo a la AFP la fiscalía de Bobigny (norte de París).
Los detenidos, seis hombres y una mujer de entre 29 a 52 años, están acusados de "falsificación, utilización de falsificación y complicidad de estafa", agregó la fuente. Su juicio se llevará a cabo en marzo de 2021.
Ellos se aprovechaban de la obligación para algunos viajeros de presentar un test negativo de COVID-19 para poder embarcar, funcionaban de manera simple: generaban certificados falsos con el membrete de un laboratorio real, y después los expedían a los compradores tanto en papel como en versión digital, según una fuente aeroportuaria.
"Entregaban estos certificados previo pago de 150 a 300 euros", según la fiscalía.
Las policía de fronteras empezó a investigar a la red en septiembre a raíz del "hallazgo de un pasajero que se había registrado en un vuelo con destino a Adis Abeba (Etiopía) con un certificado negativo falso de coronavirus", agregó la fuente.
Esta pequeña red realizaba esas operaciones fraudulentas esencialmente para viajeros con destino a África, según una fuente aeroportuaria, que precisó que los traficantes ya eran conocidos en Roissy como "empaquetadores" de maletas, una actividad que ha sufrido un duro golpe por la caída de viajeros a causa de la crisis sanitaria.
Los acusados pueden incurrir en penas de hasta cinco años de cárcel y 375 000 euros de multa.
(Con información de AFP)
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