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por Redacción RPP
·Movimiento Ciudadano ´5 de Junio´, que reúne a algunas familias afectadas, señala como ´muy mala´ respuesta de la justicia a un año de la tragedia.
Familiares de los 49 niños que perdieron la vida en el incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, exigieron este viernes a las autoridades, la víspera de que se cumpla un año de aquel hecho, que se haga justicia en un caso por el cual aún no hay personas encarceladas.
En entrevista con la agencia Efe, Julio César Márquez, portavoz del Movimiento Ciudadano por la Justicia "5 de Junio", que reúne a algunas familias afectadas, dijo a Efe que la valoración que hace este grupo de los avances ocurridos hasta la fecha es "muy mala" y "poco acorde a lo que debiera ser la exigencia de justicia que hay por parte de una comunidad".
El siniestro ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, la capital de Sonora, cuando un incendio que se había producido en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal se extendió a la aledaña guardería ABC, y por el humo murieron 44 menores y, en los días siguientes, cinco más.
Las investigaciones de los últimos meses revelaron graves deficiencias en las instalaciones, un diseño inadecuado en las puertas de emergencia, falta de extintores, detectores de humo defectuosos y un plafón elaborado con materiales inflamables, entre otras carencias.
El centro, concesionado a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pertenecía a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez, esposas de dos funcionarios de Sonora, a Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídez, ex secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"Los socios de la estancia jamás han sido aprehendidos y llevados a prisión por nada. Todo el tiempo han tenido la posibilidad de estar libres, primero amparados, después (...) en libertad bajo fianza, que es como están actualmente", explicó Márquez, quien perdió a "Yeye", un niño de dos años y nueve meses, aquel día.
Las decenas de familias afectadas han logrado hasta ahora que los 5 de junio sean declarados días de luto nacional y un apoyo sanitario vitalicio a los pequeños que sobrevivieron a la tragedia, pero insisten en que el caso no debe quedar impune.
El Movimiento "5 de Junio", que forman 20 del total de familias afectadas, quiere que se analice a fondo la "corrupción, complicidad" y "tráfico de influencias" en el caso y que sea recalificado el cargo contra los presuntos responsables como "homicidio doloso", no "culposo", como ha sucedido hasta ahora, señala Márquez.
"El hecho de que sean enjuiciados por delitos no graves sigue siendo para nosotros una ofensa. Es un agravio grandísimo para la memoria de nuestros niños", asegura.
Hasta ahora el Gobierno mexicano únicamente ha inhabilitado por 20 años a tres funcionarios del IMSS, entre ellos el delegado de la institución en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, y prohibido por cinco años a los dueños de la empresa operadora de esa guardería contratar con el estado.
Las responsabilidades podrían incluso llegar hasta lo más alto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) ha tomado el caso.
En marzo pasado, el máximo órgano jurisdiccional mexicano determinó que el siniestro fue consecuencia del "desorden generalizado" en las guarderías y los sistemas de control del IMSS.
Ayer, el magistrado de la SCJN Arturo Zaldívar presentó un dictamen que será analizado este mismo mes donde se responsabiliza al entonces director general del IMSS y actual secretario (ministro) de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas; a su sucesor, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, por los hechos.
El magistrado cree que hubo "graves violaciones de garantías individuales (derechos humanos)" de las víctimas y sus familias por parte de las autoridades en ese análisis preliminar.
Mañana, en 31 ciudades de 21 estados de México habrá actos de apoyo y solidaridad con los padres convocados por el Movimiento "5 de Junio" bajo el lema "Justicia ya" y "Basta de impunidad".
Márquez señala que esa será la demanda principal de una jornada que llega teñida de cierto escepticismo entre los llamados a que se haga justicia.
"En cualquier otra sociedad o país democrático (...) ya hubieran caído muchísimas personas, hasta cabezas de gobernadores si no es que del mismo presidente", concluye Márquez.
EFE
En entrevista con la agencia Efe, Julio César Márquez, portavoz del Movimiento Ciudadano por la Justicia "5 de Junio", que reúne a algunas familias afectadas, dijo a Efe que la valoración que hace este grupo de los avances ocurridos hasta la fecha es "muy mala" y "poco acorde a lo que debiera ser la exigencia de justicia que hay por parte de una comunidad".
El siniestro ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, la capital de Sonora, cuando un incendio que se había producido en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal se extendió a la aledaña guardería ABC, y por el humo murieron 44 menores y, en los días siguientes, cinco más.
Las investigaciones de los últimos meses revelaron graves deficiencias en las instalaciones, un diseño inadecuado en las puertas de emergencia, falta de extintores, detectores de humo defectuosos y un plafón elaborado con materiales inflamables, entre otras carencias.
El centro, concesionado a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pertenecía a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez, esposas de dos funcionarios de Sonora, a Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídez, ex secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"Los socios de la estancia jamás han sido aprehendidos y llevados a prisión por nada. Todo el tiempo han tenido la posibilidad de estar libres, primero amparados, después (...) en libertad bajo fianza, que es como están actualmente", explicó Márquez, quien perdió a "Yeye", un niño de dos años y nueve meses, aquel día.
Las decenas de familias afectadas han logrado hasta ahora que los 5 de junio sean declarados días de luto nacional y un apoyo sanitario vitalicio a los pequeños que sobrevivieron a la tragedia, pero insisten en que el caso no debe quedar impune.
El Movimiento "5 de Junio", que forman 20 del total de familias afectadas, quiere que se analice a fondo la "corrupción, complicidad" y "tráfico de influencias" en el caso y que sea recalificado el cargo contra los presuntos responsables como "homicidio doloso", no "culposo", como ha sucedido hasta ahora, señala Márquez.
"El hecho de que sean enjuiciados por delitos no graves sigue siendo para nosotros una ofensa. Es un agravio grandísimo para la memoria de nuestros niños", asegura.
Hasta ahora el Gobierno mexicano únicamente ha inhabilitado por 20 años a tres funcionarios del IMSS, entre ellos el delegado de la institución en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, y prohibido por cinco años a los dueños de la empresa operadora de esa guardería contratar con el estado.
Las responsabilidades podrían incluso llegar hasta lo más alto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) ha tomado el caso.
En marzo pasado, el máximo órgano jurisdiccional mexicano determinó que el siniestro fue consecuencia del "desorden generalizado" en las guarderías y los sistemas de control del IMSS.
Ayer, el magistrado de la SCJN Arturo Zaldívar presentó un dictamen que será analizado este mismo mes donde se responsabiliza al entonces director general del IMSS y actual secretario (ministro) de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas; a su sucesor, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, por los hechos.
El magistrado cree que hubo "graves violaciones de garantías individuales (derechos humanos)" de las víctimas y sus familias por parte de las autoridades en ese análisis preliminar.
Mañana, en 31 ciudades de 21 estados de México habrá actos de apoyo y solidaridad con los padres convocados por el Movimiento "5 de Junio" bajo el lema "Justicia ya" y "Basta de impunidad".
Márquez señala que esa será la demanda principal de una jornada que llega teñida de cierto escepticismo entre los llamados a que se haga justicia.
"En cualquier otra sociedad o país democrático (...) ya hubieran caído muchísimas personas, hasta cabezas de gobernadores si no es que del mismo presidente", concluye Márquez.
EFE
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