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por Redacción RPP
·Brasil, México, Colombia y Honduras son los países donde más se han cometido estos crímenes. Existen más de 51 millones de hectáreas que hacen parte de grandes transacciones de tierra en la región.
El 88% de los asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en esta región en 2022, siendo Brasil, Colombia, México y Honduras los países con mayor incidencia. Esto, sin contar otros aspectos difíciles de monitorear en la lucha por la defensa de los derechos de la tierra, como las difamaciones, estigmatizaciones, persecuciones judiciales, desplazamientos, amenazas, entre otros.
Durante la quinta sesión del Foro de la Tierra LAC 2024, “Nuevos escenarios del extractivismo y estrategias de lucha de los movimientos sociales y defensores y defensoras de la tierra y el territorio” se conoció que según datos de Land Matrix América Latina y el Caribe, existen actualmente 1.405 casos de grandes transacciones de tierra (GTT) que se traducen en 51 millones 571.355 hectáreas que han sido objeto de transacciones en el continente, el nivel más alto en toda su historia.
Este contraste entre el alto número de persecuciones y asesinatos de defensores ambientales y el crecimiento de territorios concesionados sin consulta previa responde al avance de industrias extractivas que, si bien en muchos casos renuevan sus discursos en aras de la búsqueda de energías limpias para legitimarse, mantienen en la práctica un modelo que menoscaba los derechos territoriales de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, cabe precisar que América Latina solo contribuye con el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y cuenta con una de las matrices energéticas “más verdes del mundo”, según el panel consultado.
"Es muy importante lograr el vínculo entre las comunidades campesinas y la tierra para preservar los bosques. En casi todos los extractivismos, la naturaleza se destruye", destacó Martín Simón, coordinador de Land Matrix, Punto Focal LAC / Fundapaz (Argentina).
Argentina: el litio y la carrera por el nuevo ‘oro blanco’ en la región
Para reconocer la gravedad de esta situación, el panel del Foro de la Tierra LAC 2024 presentó tres casos emblemáticos –de un total de seis estudiados– sobre los efectos del extractivismo en la región. El primero de estos estudios, "Entre el norte y el sur global: saqueo de los bienes comunes y transición energética. El caso del litio en Jujuy, Argentina", desarrolla la lucha de los pueblos colla, quechua, aymara, atacama y chicha contra el avance de la minería de litio en esta provincia argentina.
Nicolás Avellaneda, integrante de la Fundación Plurales y facilitador de la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) de Argentina, reveló que solo este país, junto con Bolivia y Chile, produjeron en 2020 el 29,5% de toda la oferta mundial de este mineral clave para la transición energética a partir de salares. Explicó que entre 2015 y 2020 la producción se elevó fuertemente en más del 72% y que para 2024 y 2025 se espera que se vuelva a duplicar dicha cantidad demandada por el mercado, hasta llegar a casi 200.000 toneladas al año.
Sin embargo, el avance de esta industria en Jujuy ha generado una gran movilización, en parte en respuesta a una reforma considerada inconstitucional que violó los derechos fundamentales de las comunidades, y que se llevó a cabo sin consulta previa, invisibililizando el pedido de las comunidades para participar en dichas reformas asociadas al uso de los recursos de la provincia.
“Hay una dicotomía entre aumentar el extractivismo para la exportación o aumentar para la industria nacional del lito, pero en ninguna se incorpora a las comunidades locales indígenas en esa ecuación de toma de decisiones”, señaló Avellaneda.
Para explotar estos recursos es necesario multiplicar el control del territorio y cambiar la territorialidad. En estos tres casos hemos visto que las corporaciones vienen a despojar a las comunidades, generándose la desterritorialización de las personas”
Nicaragua, un país concesionado para la extracción minera
El segundo de estos casos se titula "El extractivismo entre el pasado y el presente: la lucha de los pueblos mamayangnas por la defensa de sus territorios en Nicaragua". En dicho país, la minería aurífera ha experimentado uno de los desarrollos más intensos del mundo en los últimos 15 años, dejando como resultado un crecimiento de cerca de 75% de las concesiones y más del 500% del volumen de oro exportado.
La investigadora Carmen Corea reveló que actualmente el 7% del territorio nacional nicaragüense “está disponible para la extracción minero-metálica”, con más de 850.000 hectáreas concesionados en zonas de amortiguamiento en el corredor biológico Bosawás. Los dos grandes grupos que concentran esta industria para pesar de las comunidades locales son Hemco (158.590 hectáreas en 26 concesones) y Calibre Mining (57.600 hectáreas). Mucho del oro que compran viene de la minería artesanal, por lo que la huella dejada en el medio ambiente es aún más crítica.
“La expansión de la minería de oro en Nicaragua es el resultado de interacciones complejas en un contexto de relaciones de poder que van más allá del marco normativo”, ejemplifica Corea Sánchez.
Chile, dos hidroeléctricas y un santuario al agua profanado
El tercer caso, titulado “La fuerza de las aguas: la lucha por la protección del complejo ceremonial mapuche Ngen Mapu Kintuantu frente a las centrales hidroeléctricas Osorno y Los Lagos en el sur de Chile” narra la lucha de los pueblos mapuche-williche de los territorios Puyehue, Río Bueno, San Pablo y La Unión, asentados en torno al río Pilmaiquén.
Karina Vargas, coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas en Observatorio Ciudadano (Chile), explicó que la instalación de las dos hidroeléctricas, a cargo de la transnacional noruega Statkraft, inundarían 191 hectáreas del territorio, en un proceso que fue aprobado por el Estado chileno sin consulta previa, libre e informada, entre otros requisitos.
Pero el caso Ngen Mapu Kintuantu además de implicar afectaciones medioambientales, impacta también el derecho al agua que tiene un fuerte componente espiritual y cultural para el pueblo mapuche. Para estos pueblos originarios, se trata de un derecho vinculado al canal que utilizan como centro ceremonial y que los conecta con un cementerio ancestral, en un contexto de represión y criminalización de sus defensores y defensoras.
Una lucha histórica que debe ser afrontada desde todos los frentes
Bernardo Mançano, integrante de Land Matrix LAC y profesor de la Universidad Estadual Paulista de Brasil, explica que estas persecuciones son el resultado de un proceso que se da desde la colonización de América Latina, con un conjunto de políticas para explotar el subsuelo, la superficie y, recientemente, la atmósfera, a través de las energías eólicas y solares que van ganando concesiones.
“Para explotar estos recursos es necesario multiplicar el control del territorio y cambiar la territorialidad. En estos tres casos hemos visto que las corporaciones vienen a despojar a las comunidades, generándose la desterritorialización de las personas”, afirma Mançano.
En este sentido, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas para los Defensores Ambientales (Convenio de Aarhus), resaltó que las personas que defienden la tierra, el clima y los derechos humanos deben trabajar juntas a efectos de enfrentar esta “falta de consentimiento previo, libre e informado, que es el segundo pilar del acuerdo de Escazú y que está siendo cuestionado en torno a los megaproyectos que afectan el medio ambiente”.
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