Lula condena ley de uso de pulseras electrónicas para controlar presos

Ley, publicada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil, determina que el preso que intente quitarse la pulsera perderá el beneficio de libertad condicional.
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que autoriza el uso de pulseras o tobilleras electrónicas para controlar presos que sean beneficiados con el régimen de prisión abierta o libertad condicional.

La ley, fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión tras haber sido sancionada por el mandatario y reforma tanto el Código Penal de 1940 como el Código de Procedimiento Penal de 1984.

El sistema eléctrico permitirá controlar presos condenados a prisión domiciliar, a los autorizados a salir de las cárceles para trabajar, a los que cumplen régimen abierto o semiabierto y a los que reciben autorizaciones especiales para pasar días festivos como la Navidad con sus familiares.

La ley determina que el preso que intente quitarse la pulsera o la dañe perderá el beneficio que le había sido concedido para estar fuera de la prisión.

Los reclusos controlados serán supervisados por funcionarios del sistema penitenciario que podrán visitarlos esporádicamente y a quienes tendrán que presentarse de inmediato en caso de ser convocados.

El Ministerio de Justicia calcula que el sistema de control electrónico permitirá desahogar el hacinado sistema penitenciario brasileño con la liberación de hasta una sexta parte de los internos.

"Entre 75.000 y 80.000 presos pueden cumplir régimen de prisión de vigilancia electrónica", dijo recientemente el director del Departamento Penitenciario Nacional, Airton Michels.

Se trata principalmente de presos acusados de pequeños delitos que aún no han sido condenados y no son considerados peligrosos y que representan cerca del 17% del total de internos del país.

Según las cifras del Departamento Penitenciario, Brasil tenía en diciembre pasado 473.626 presos, de los cuales el 44% aún no habían sido condenados, y a cada año aumenta en 4.000 el déficit de cupos en las prisiones.

EFE