Los exoficiales están condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Chile.
Diez exagentes de Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1990) pidieron perdón en una ceremonia ecuménica celebrada en la cárcel en la que cumplen sus condenas.
Al término del acto, uno de los oficiantes, el jesuita Fernando Montes, aseguró a los periodistas que "salgo con más esperanza. Nadie de los que escuché pidió que se le rebajaran las penas, nadie pidió amnistía. Pidieron perdón".
Ello, en relación con el rechazo que la iniciativa ha despertado entre los familiares de las víctimas de la dictadura, que la ven como un montaje para conseguir beneficios carcelarios sin entregar nada a cambio.
Durante la ceremonia, los familiares se manifestaron en las afueras del penal, con pancartas y consignas en rechazo a la impunidad, y también en Santiago, con una marcha alrededor de La Moneda.
"Con seguridad no he terminado de reconciliarme con mis connacionales, pues más de alguien pudo haber quedado dolido tras mi accionar en los servicios de seguridad", dijo el exoficial del Ejército Carlos Herrera Jiménez, que cumple cadena perpetua por el asesinato, en 1982, del líder sindical Tucapel Jiménez.
"Pido ser perdonado por quienes les produje dolores en los momentos en los que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar", añadió este exagente, que ya antes ha dado señales de arrepentimiento.
Los discursos que leyeron cuatro de los diez antiguos represores que pidieron perdón fueron entregados a la prensa al término del evento. "Ofrezco disculpas y pido ser perdonado por los dolores que pude haber causado en mis connacionales en el ejercicio de mis funciones", expresó el interno Pedro Hormazábal.
La ceremonia, a la que asistieron 96 de los 120 internos de la cárcel especial para exagentes de Pinochet, contó con la participación, además del jesuita Fernando Montes, del sacerdote defensor de los derechos humanos Mariano Puga y de algunos pastores evangélicos y la presencia de abogados de derechos humanos. (EFE)
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