Bolivia tiene el mayor número de mujeres en prisión de América Latina

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó hoy su preocupación por las mujeres privadas de libertad en Bolivia y alertó de que la población femenina en penales bolivianos es superior a la de otros países de la región.

Hasta junio de 2017, el 7,9 % de todos los recluidos en cárceles de Bolivia eran mujeres, lo que supone más de 1.300 personas. "Esta cifra es mayor al promedio latinoamericano, lo cual significa que en Bolivia se encarcela más a las mujeres que en otros países de la región", alertó la ONU en un comunicado.

Sin sentencias. Según la ONU, estas mujeres no "representan un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad". Por eso, pidió al Gobierno que preste mayor atención a la violencia "institucional, psicológica y simbólica" que las mujeres sufren en las cárceles.

La organización también señaló que el 70% de las privadas de libertad está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia firme, lo cual refleja un grave problema del sistema penitenciario del país, que también afecta a los varones. "Cuando la mujer procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda propia y/o respaldo económico para el pago de una fianza, la autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención preventiva", explicó la organización internacional.

Lo que plantea la ONU. Naciones Unidas recomendó acciones como introducir un sistema más balanceado de penas según la gravedad del delito, promover medidas sustitutivas a la detención preventiva o mejorar las condiciones de vida en los penales de mujeres e implementar programas en su favor. Destacó "algunas respuestas" del Ejecutivo para tratar de invertir esta situación, como los cuatro indultos aprobados en los últimos años que beneficiaron a 1.288 mujeres.

"El encarcelamiento de mujeres se traduce generalmente en familias desestructuradas", alertó el organismo e instó al Estado a "implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad". (Con información de EFE)