La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre "el grave impacto colectivo que estos ataques tienen sobre los propios pueblos y comunidades indígenas en Colombia" y destacó "el rol de las guardias indígenas en la defensa de sus derechos".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su "profunda preocupación" por el ataque con armas de fuego contra una movilización indígena en la ciudad colombiana de Cali, que tuvo lugar en el contexto de las protestas que sacuden a ese país y dejó al menos ocho manifestantes heridos.
"La CIDH insta al Estado de Colombia a investigar diligentemente los hechos incorporando un enfoque étnico-racial, esclareciendo la posible participación de agentes estatales, y sancionando a los responsables; así como a proteger la vida e integridad de personas indígenas", señaló el organismo con sede en Washington en su cuenta de Twitter.
Este domingo, varias autoridades indígenas denunciaron que supuestos civiles armados dispararon contra un grupo de indígenas que se manifestaba a las afueras de Cali, dejando varios heridos.
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los participantes de la minga (marcha) indígena, compuesta por varias camionetas, fueron "atacados por una turba uribista en conjunto con fuerza pública", que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañasgordas, en el sur de la ciudad.
En ese contexto, la CIDH advirtió sobre "el grave impacto colectivo que estos ataques tienen sobre los propios pueblos y comunidades indígenas en Colombia" y destacó "el rol de las guardias indígenas en la defensa de sus derechos".
Continúa la tensión en Colombia
El domingo, el presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a los indígenas que se han movilizado a las ciudades, sobre todo a la de Cali, a que vuelvan a sus territorios "para evitar confrontaciones" con la población.
En la madrugada de este lunes, los manifestantes y las autoridades locales de Cali llegaron a un acuerdo para levantar un bloqueo en la principal entrada a esa ciudad, mientras que la minga indígena anunció la apertura de un corredor humanitario por 24 horas.
Las autoridades y los manifestantes firmaron el acuerdo tras unos diálogos que contaron con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como de la Misión de la ONU en Colombia.
Las movilizaciones en Colombia comenzaron hace 13 días en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, pero continúan contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.
En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos, según organizaciones sociales.
(Con información de EFE)
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