El caso de Gabriela Zapata fue viralizado en las redes sociales, días previos al referéndum que buscaba la reelección del presidente boliviano, causando la ira oficialista.
La boliviana Gabriela Zapata, expareja del presidente de Bolivia, Evo Morales, pasó la noche detenida en una celda policial y comparecerá este sábado ante un juez cautelar dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.
Tras permanecer durante más de trece horas en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha contra la Corrupción, Zapata decidió acogerse a su derecho al silencio y finalmente fue trasladada a una celda policial.
La mujer fue arrestada el viernes, a solicitud de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, cuya oficina inició una investigación a Zapata por los supuestos delitos de "legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado".
¿Quién es Gabriela Zapata?
Zapata fue pareja del presidente Morales entre 2005 y 2007 y de la relación nació un niño que falleció poco después, según reveló recientemente el propio mandatario.
Hasta hace una semana fue gerente comercial en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering (Camce), que en los últimos años firmó contratos con el Gobierno de Morales por valor de 566 millones de dólares, la mayoría por invitación directa tras haberse descartado licitaciones.
La relación de Gabriela Zapata con Morales y los contratos que suscribió Camce con el Estado derivaron en una denuncia del periodista Carlos Valverde sobre un supuesto tráfico de influencias, que el mandatario y su exnovia han negado.
A petición del gobernante, las contrataciones estatales con la firma china están siendo investigadas por la Contraloría General del Estado, dirigida por un oficialista, y por una comisión del Parlamento, en el que el partido de Morales tiene la mayoría.
Las autoridades han acusado al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las denuncias para mermar la credibilidad de Morales y han asegurado que la resolución del contrato con Camce y su exclusión de futuras licitaciones prueban que el Ejecutivo no está implicado en tráfico de influencias. EFE
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