En un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y el interés de Estados Unidos en revitalizar el sector petrolero venezolano, la reforma aprobada por unanimidad busca atraer inversiones privadas y extranjeras, modificando normativas establecidas durante el régimen de Hugo Chávez.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, tras su aprobación unánime por el Parlamento controlado por el chavismo.
El texto, entregado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una marcha de trabajadores petroleros en Caracas, introduce cambios significativos para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector, en momentos en que Estados Unidos emite una licencia general que levanta sanciones a ciertas transacciones con crudo venezolano.
Esta modificación altera la ley promulgada en 2001 y reformada en 2006 bajo Hugo Chávez, que aumentaba la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.
La reforma se produce casi un mes después del ataque militar estadounidense del 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York.
Cambios clave en la reforma de la Ley de Hidrocarburos
La reforma amplía beneficios fiscales y parafiscales, flexibiliza las condiciones económicas de los proyectos y reduce el control parlamentario sobre la constitución de empresas mixtas, abriendo mayores espacios a la participación de operadores privados, según detalla el medio venezolano TalCual.
Uno de los ejes centrales es la creación de un impuesto integrado de hidrocarburos, que sustituye la lógica tradicional basada en regalías, impuesto sobre la renta y contribuciones especiales.
El nuevo tributo establece una cuota proporcional de hasta 15% sobre los ingresos brutos y faculta al Ejecutivo a disminuirla proyecto por proyecto para preservar el llamado "equilibrio económico-financiero".
El texto también amplía de forma expresa las exoneraciones fiscales y parafiscales aplicables a las actividades petroleras, incluyendo el Impuesto a los Grandes Patrimonios, los aportes previstos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), contribuciones al deporte, a la lucha antidrogas y a la protección de pensiones, así como tributos estadales y municipales.
En materia de regalías, se mantiene el tope de 30% establecido en la legislación vigente, pero se refuerza la potestad del Ejecutivo para modificar el porcentaje aplicable a cada proyecto según criterios como la naturaleza de la inversión, la economicidad y la competitividad internacional.
Otro cambio relevante es la ampliación y regulación más precisa de la comercialización directa de hidrocarburos por parte de empresas mixtas y operadores privados, fijando requisitos en materia de precios de referencia, cumplimiento fiscal y ambiental, y atención del suministro interno.
La reforma consolida la apertura a operadores privados en las actividades primarias de exploración y producción, permitiendo que empresas privadas domiciliadas en Venezuela operen mediante contratos con empresas estatales o sus filiales, asumiendo la gestión integral "a su costo, cuenta y riesgo", sin que la empresa estatal contratante responda por sus deudas u obligaciones financieras.
En cuanto a los contratos suscritos bajo la Ley Antibloqueo, la reforma ratifica expresamente su plena validez jurídica y ordena su adecuación al nuevo marco legal sin desmejora de las condiciones pactadas.
Las disposiciones derogatorias eliminan normas aprobadas entre 2006 y 2009 que reservaban al Estado actividades y servicios conexos a los hidrocarburos y regulaban modelos contractuales específicos de las empresas mixtas.
"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, después de un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas", expresó tras su aprobación el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez.
El exministro criticó que ahora las compañías privadas podrán comercializar el petróleo, que estaba reservado al Estado "por la Constitución", y con ello el Ejecutivo "se abroga una enorme discrecionalidad para favorecer al interés privado".
La Ley Orgánica de Hidrocarburos entrará en vigencia luego de su publicación en la Gaceta Oficial, excepto los artículos 51, 55, 56, 57, 58 y 59, que entrarán en vigencia una vez transcurran 60 días de la publicación.
Esta norma tiene como objeto regular todo lo relativo a la exploración, extracción, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento, refinación, industrialización comercial y aprovechamiento integral de los hidrocarburos bajo los principios de soberanía energética, dominio público de los yacimientos, maximización progresiva de la renta, seguridad jurídica, transparencia contractual, protección ambiental y adecuación a la transición energética.
Críticas a la reforma y el legado de Chávez
El exministro venezolano de Petróleo Rafael Ramírez, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, consideró que la reforma deroga la nacionalización de la industria petrolera.
"Efectivamente, se trata de la 'erradicación' de la política petrolera de Chávez y, agregaría yo, de la nacionalización de 1976 y de todo el pensamiento nacional petrolero del país", publicó Ramírez en un mensaje en su cuenta en X.
Ramírez señaló que el proyecto de reforma aprobado "deroga completamente no sólo la nacionalización de 1976 que reservaba al Estado las actividades petroleras, sino la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) de 2007", que, aseguró, otorgaba al país "el control y manejo de la mayor reserva de petróleo del planeta".
Añadió que esta aprobación "borra de un zarpazo" las "conquistas" de casi 70 años.
El exministro criticó que ahora las compañías privadas podrán comercializar el petróleo, que estaba reservado al Estado "por la Constitución", y con ello el Ejecutivo "se abroga una enorme discrecionalidad para favorecer al interés privado".
También cuestionó la inclusión del arbitraje internacional para resolver disputas, al considerar que con ello se "está cediendo" la "soberanía jurisdiccional". "Habría ahora que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos", añadió.