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por Redacción RPP
·Las comunidades indígenas, sobre todo las de Ucayali, están amenazadas ante la expansión de los cultivos ilegales de coca y de las pistas de aterrizaje clandestinas.
El avance del narcotráfico pone en riesgo a cerca de 274 comunidades indígenas de la Amazonía del Perú, que padecen ante la invasión de sus territorios, la deforestación y el aumento de la violencia, de acuerdo con un estudio presentado por organizaciones ambientales.
Se trata del estudio ‘Narcotráfico en territorio indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas’, que también revela las cuatro principales rutas del narcotráfico en el país, así como las comunidades más afectadas por esta actividad ilícitas y el aumento de las pistas de aterrizaje clandestinas usadas por los traficantes.
El autor es el expresidente de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, quien detalló esta mañana en RPP que estas comunidades están afectadas por los cultivos ilícitos de coca, las pistas de aterrizaje clandestinas y la proliferación de pozas de maceración.
Además, Soberón indicó que la economía ilegal de la cocaína gana terreno como actividad económica en algunas comunidades donde la falta de alternativas viables de sustento ha llevado a involucrarse en estas actividades ilícitas.
“La influencia del narcotráfico puede exceder esas 274 [comunidades], porque son dos modelos de vida, de concepción de la economía, completamente distintos”, declaró en Ampliación de Noticias.
Ucayali, la región más afectada
De acuerdo con el reporte, la región Ucayali – ubicada en el centro amazónico del país – es la más afectada por concentrar el mayor crecimiento de cultivos ilegales de coca y más de 85 pistas de aterrizaje clandestinas.
El informe identifica cuatro rutas principales del narcotráfico en la Amazonía, la primera de las cuales conecta regiones amazónica, que se dirigen a Ecuador, país que en los últimos años se ha convertido en un importante “hub de la cocaína sudamericana”.
La segunda ruta va hacia Colombia y ha impactado gravemente en las comunidades Ticunas y Yaguas, con extensas áreas de cultivo de coca.
La tercera atraviesa Ucayali, una región estratégica por su ubicación, fronteriza con Brasil, y baja densidad poblacional, lo que facilita el tránsito de drogas hacia mercados internacionales.
Asimismo, la ruta sur conecta el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) con Brasil y Bolivia, utilizando tanto vías aéreas como terrestres, y afectando comunidades en regiones como Cusco, Puno y Madre de Dios.
Y por ese motivo el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), Marcelo Odicio, señaló que el espacio de sus comunidades – que se sitúan entre los departamentos de Ucayali y Huánuco – es “una bomba de tiempo” ante esta problemática.
“Estamos amenazados por estos cultivos ilícitos, por la migración desordenada de nuestros hermanos andinos que llegan a estos espacios. Este trabajo ilegal de sembrado de coca permite que el narcotráfico empiece a tomar control dentro de esos espacios territoriales.”, lamentó.
Odicio remarcó que existe el abandono total del Estado peruano en estos espacios ha permitido que el narcotráfico gane terreno en la Amazonía.
Se debe garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, dice Soberón
Soberón lamentó que durante la presentación del informe no hubo representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a pesar de ser la impulsora del mecanismo intersectorial para los defensores de derechos de los pueblos indígenas
Así, insistió en pedirle al Ministerio del Interior apoyar a esas comunidades a través del envío de efectivos policiales y recursos, para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas que, ante la dejadez del Estado, se ven obligadas a implementar sus propias guardias.
También que Devida debería cambiar el programa alternativo integral y sostenible – que solamente piensa en “café, cacao y palma de aceitera – para ofrecerle a las comunidades indígenas otras oportunidades de desarrollo basadas en las actividades económicas culturales.
“Como último recurso para salvar la amazonia, hay que generar un grupo de trabajo multisectorial con todos los organismos reguladores del Estado para ordenar los títulos habilitantes que hay sobre el territorio indígenas; es decir, petróleo, minería, forestal y agua”, finalizó.
Cabe precisar que el documento ha sido elaborado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), el Instituto del Bien Común (IBC) y Amazon Watch.
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