Amnistía Internacional denuncia detención ilegal de dos sindicalistas

Amnistía Internacional (AI) realizó hoy un llamado de "acción urgente" para lograr la liberación de dos sindicalistas mineros detenidos supuestamente de manera ilegal por las autoridades judiciales peruanas.

En un comunicado, AI señaló que los dirigentes sindicales Pedro Condori Laurente, secretario general, y Antonio Quispe Tamayo, secretario de organizaciones del sindicato de la empresa minera Casapalca, fueron detenidos el 11 de enero "por cargos infundados".

"No se presentó prueba alguna de que hayan cometido algún delito, y Amnistía Internacional cree que han sido detenidos exclusivamente a causa de su trabajo pacífico de derechos humanos", indicó el organismo.

Ambos han sido acusados de "delito contra la administración pública", "violencia" y "resistencia a la autoridad" por un incidente ocurrido el 19 de julio de 2010, cuando un minero murió en un accidente en la mina Casapalca, en la provincia de Huarochiri, de la región Lima.

Por su parte, la abogada de los sindicalistas, Marlene Román, declaró a Efe que la situación de sus defendidos es atribuible a las "enormes presiones de Casapalca sobre jueces, fiscales y policías", que se traducen en un "hostigamiento a la acción sindical".

Por otra parte, una portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos señaló a Efe que los sindicalistas han sido trasladados al Penal de Huacho, al norte de Lima, lo que según el organismo es "totalmente irregular", pero no quisieron entrar en más detalles.

Según AI, los dirigentes se quedaron en el lugar del accidente a esperar el arribo de un fiscal que, cuando llegó, trató de retirar el cadáver sin haber recogido pruebas para determinar si existía responsabilidad por parte de la empresa.

Condori y Quispe protestaron y se opusieron a la retirada inmediata del cadáver, pero no utilizaron la violencia, y una investigación posterior de la Policía concluyó que no había pruebas de que se hubiera cometido delito, indicó Amnistía.

A pesar de ello, un juez dictó orden de detención contra los sindicalistas, por lo que Amnistía consideró que los cargos formulados "carecen de fundamento, y que ambos han sido detenidos exclusivamente por ser dirigentes de un sindicato que pide protección para los derechos de los mineros".

"Los miembros del sindicato, y también los trabajadores de la mina, se han enfrentado a cargos infundados y a meses de prisión injusta al menos en tres ocasiones desde que se creó el sindicato en 2008", remarcó la organización.

Por ese motivo, AI lanzó una alerta internacional pidiendo a los ciudadanos que escriban hasta el 3 marzo a las autoridades judiciales y del Ejecutivo peruano pidiendo la liberación de los detenidos.

EFE.