Defensor del Pueblo sobre Ana Estrada: “Sabemos que el derecho y la razón están de nuestro lado”

“Estoy seguro que los jueces van a mirar con una visión crítica y con una mirada de derechos fundamentales este caso”, aseguró Walter Gutiérrez sobre Ana Estrada, quien padece de polimiositis, una enfermedad incurable y degenerativa que deteriora progresivamente sus capacidades motoras.

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Walter Gutiérrez da alcances sobre el caso de Ana Estrada, que ha sido asumido por la Defensoría del Pueblo.
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“Este no es un alegato por la muerte, ni para generalizar la eutanasia", aseguró el defensor del pueblo. | Fuente: Andina - Instagram

La Defensoría del Pueblo presentó este último viernes una acción de amparo que pide al Estado peruano reconocer el derecho de Ana Estrada, quien que padece de polimiositis, una enfermedad degenerativa que deteriora con el tiempo sus capacidades motoras, a una muerte asistida y en condiciones dignas. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez indicó que este derecho, para la institución que encabeza, forma parte de la Constitución.

“Sabemos que tanto el derecho como la razón está de nuestro lado. Este no es un alegato por la muerte, ni para generalizar la eutanasia, porque estamos luchando por un espacio de libertad para que el ser humano que crea, que él considere que esta vida que le ha tocado vivir, no merece ser vivida porque no se compagina con la dignidad”, explicó.

Gutiérrez también recordó que Estrada padece de una enfermedad incurable, que la conducirá progresivamente a una muerte llena de dolor y sufrimiento.

“Ella está 20 horas postrada, no puede alimentarse, todo tiene que hacerse por mecanismos invasivos, no puede respirar como lo hacemos todos nosotros, su situación es muy precaria en términos de salud y ella está presentando una acción de amparo que lo que busca es que se le reconozca el derecho a morir con dignidad”, añadió.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Para la Defensoría del Pueblo, este derecho estaría recogido en la Constitución en base al derecho a la dignidad, a la proscripción de tratos crueles —en el marco de un conjunto de instrumentos internacionales con los cuales el Perú se ha comprometido—, y en base a la autonomía de la voluntad, “la capacidad que tenemos todos para tomar decisiones en nuestra historia de vida”, sobre todo en contextos como el de Ana Estrada.  

“Este no es un alegato por la muerte, ni para generalizar la eutanasia, porque estamos luchando por un espacio de libertad para que el ser humano que crea, que considere que ésta vida que le ha tocado vivir no merece ser vivida, porque no se compagina con la dignidad, tome la decisión”, declaró.

“La Constitución tiene un artículo 3, que se refiere a los derechos constitucionales innominados; es decir, aquellos que no están expresamente señalados pero que existen y este es uno de esos derechos para la Defensoría. Son derechos que se construyen con el paso del tiempo, las personas advertimos que ese también es un derecho fundamental: el derecho a morir con dignidad”, refirió.

¿EXISTEN PRECEDENTES?

Gutiérrez indicó que en el Perú no existe ningún precedente en este tema, no obstante, recalcó que en 1997, en Colombia, la Corte Constitucional reconoció que el derecho a morir con dignidad “es un derecho autónomo y fundamental”.

“Ana Estrada es una persona que, en este momento, está en la plenitud de sus facultades mentales, intelectuales. Lo peor de todo es que, en el curso de esta enfermedad, hasta el último momento va a estar en esa condición, en la que va a sufrir todo este itinerario, lo va a sufrir terriblemente. Ella ya expresó su voluntad en este sentido. (…) El amparo tranquilamente puede concretarse”, explicó.

Finalmente, el defensor señaló que se espera que la acción de amparo se resuelva en un plazo de 15 días, y que esta decisión compete al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a Essalud, pues este último tendría que proveerle las facilidades a Estrada.  

“Yo creo que tenemos todas las posibilidades, porque estoy seguro que los jueces van a mirar con una visión crítica y con una mirada de derechos fundamentales este caso. (…) Estoy seguro que en el tiempo vamos a conseguir que normativamente este sea considerado un derecho fundamental en nuestro país”, comentó.

Finalmente, aseguró que este tipo de decisiones le corresponden a los jueces, quienes construyen jurisprudencialmente una figura que puede servir a que luego el Congreso de la República debata en un espacio “abierto y reflexivo” el tema y diseñe una norma que contemple este tipo de situaciones.

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