Frente a la amenaza de la pandemia, los pueblos indígenas amazónicos cerraron sus fronteras para evitar el contagio. Después de más de 30 días de aislamiento, muchas comunidades sufren de desabastecimiento de alimentos, medicamentos y otros artículos. Especialistas consultados por RPP advierten que, hasta el momento, el Gobierno no atiende sus necesidades a pesar de que son uno de los grupos más vulnerables ante la expansión del nuevo coronavirus.
La pandemia del nuevo coronavirus no solo ha evidenciado los elevados niveles de desigualdad social en el país, sino también la precariedad del sistema de salud pública. La actual crisis sanitaria golpea a los estratos socioeconómicos menos prósperos y amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas de la Amazonía, un sector excluido y marginado históricamente.
Desde hace décadas, la explotación petrolera y minera, la deforestación de miles de hectáreas de bosques y el tráfico de terrenos han afectado la vida y la salud de los pueblos indígenas amazónicos. Ahora, ante la emergencia internacional, los especialistas consultados por RPP alertan de los riesgos y el peligro para muchas de estas comunidades.
El pasado 6 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en un joven de 25 años que había retornado al país de un viaje de vacaciones por Europa. Diez días después, el Gobierno decretó el aislamiento social obligatorio para contener la expansión del patógeno. Ante ello, los pueblos indígenas amazónicos, entre ellos los de Mishkiaquillo, en la región San Martín; Chipe, en Amazonas; y Monte Salvado, en Madre de Dios, decidieron, entre otras cosas, cerrar sus fronteras para impedir la entrada de foráneos a sus territorios.
Esta medida de contención, sin embargo, no está acompañada de otras que son sumamente esenciales para responder al avance exponencial de la pandemia. Así, una de las lecciones que nos trae bajo el brazo la coyuntura es la necesidad de contar con sistemas de salud fuertes. Y, en este aspecto, el Perú muestra serias debilidades pese al milagro económico de la última década. Para la antropóloga Frederica Barclay, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad, el virus desnuda la falta de servicios de salud en las áreas habitadas por los pueblos indígenas. "No tienen a dónde acudir si llegan a contagiarse. No hay una estructura sanitaria que pueda responder a este problema", advirtió.
Incluso, en los centros de salud existentes hay déficit crónico de personal especializado y desabasto de medicinas. "Las postas de salud no tienen oxígeno, la mayor parte no tienen médicos, solamente técnicos; y en algunos casos, si tienen suerte, hay obstétricas". Una vez más, el Estado deja solos a las familias indígenas amazónicas.
Este abandono del Estado ha incidido negativamente en el bienestar y esperanza de vida de la población indígena amazónica, conformada por 44 etnias agrupadas distribuidas en 11 regiones (Loreto, Ucayali, Amazonas, Junín, Pasco, San Martín, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho).
Las enfermedades de la pobreza y el abandono del Estado
La profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Luisa Elvira Belaunde, sostiene que la COVID-19 muestra los grandes problemas sociales –violencia de género– y de salud "que escondíamos". La investigadora y autora de Sexualidades amazónicas. Género, deseos y alteridades (2018) explicó que los pueblos indígenas amazónicos presentan perfiles epidemiológicos desfavorables debido a su baja respuesta inmunológica a enfermedades externas. "La gripe, por ejemplo, es una de las enfermedades que los ha diezmado durante los siglos pasados".
El III Censo de Comunidades Nativas 2017 concluye que la tuberculosis, la malaria, la desnutrición, la neumonía, el paludismo, fiebre amarilla, el dengue y la hepatitis A, B, C, son las que más afectan a los miembros de la población originaria asháninka (Madre de Dios, Junín, Pasco), Kukama Kukamiria (Loreto) y Awajún (Loreto, Ucayali).
Al examinar la actual crisis, Ruth Buendía, quien en 2014 ganó el prestigioso premio internacional Goldman (equivalente al premio Nobel del medio ambiente), cree que el Estado "no tiene plan ni estrategia" para responder a la amenaza creciente que representa el coronavirus para las comunidades nativas, como las de Pampa Alegre, Quempiri, Sampitiari, Potsoteni y Caperucia (región Junín). "Si la COVID-19 entra a las comunidades y se expande, entonces habrá un exterminio de sus poblaciones mayores", alertó la activista en defensa del medio ambiente y presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
Ya pasó más de un mes desde que el país entró en cuarentena y muchos pueblos amazónicos de las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali, Cusco, Amazonas y Madre de Dios han denunciado que no reciben ningún subsidio ni tampoco alimentos de parte del Gobierno nacional o subnacional. Y, muchos de sus habitantes, que se aislaron en sus comunidades como forma de protección frente a la COVID-19, ya comienzan, no sin razón, a preocuparse por el desabastecimiento.
"Para suplir esta cuarentena, necesitamos víveres, medicinas, agua, combustible y más controles en las fronteras para no ser contagiados con el virus", pide Teolinda Coquinche, quien vive en la comunidad de Copal Urco, ubicado en la cuenca del río Napo, en la provincia loretana de Maynas.
Desde otro punto de la Amazonía peruana, Alfredo Rojas Flores, de la comunidad nativa de Calleria, situada a 8 horas en bote de Pucallpa, en la región de Ucayali, envía un mensaje a los poderes públicos –recogido por la plataforma “Pueblos Amazónicos en la pandémica COVID 19”– en el que narra la emergencia sanitaria y económica que ya está causando este problema epidemiológico.
"No se nos tomó en cuenta en el bono [de 380 soles]; no tenemos alimentos básicos; no podemos ir a nuestras chacras, porque están inundadas; no tenemos implementos de protección (mascarillas) y nuestro puesto de salud está cerrado", afirma.
A juicio de Frederica Barclay, a pesar de que institucionalmente haya habido avances para garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas; de esa forma, contribuir de forma sustancial a su bienestar, y, a la vez, que se promueva un enfoque intercultural en materia de salud, lo cierto es que "en la práctica nada de eso funciona, porque son la última rueda del coche". Tres días atrás se conoció que dos integrantes de la comunidad indígena Shipibo-Konibo, en la provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali, dieron positivo en las pruebas rápidas de coronavirus.
No es de extrañar, por consiguiente, la advertencia de la Defensoría del Pueblo al Gobierno Regionales de Loreto, la cuarta región con más casos de la COVID-19 y la primera en concentrar el mayor número de comunidades indígenas: sus "establecimientos de salud no se encuentran adecuadamente equipados con personal especializado, tampoco con los insumos necesarios para responder a la actual situación por el coronavirus".
Esta indiferencia estatal ante el débil sistema de salud en las regiones amazónicas pone de relieve, según Barclay, que garantizar este derecho básico en nuestro tiempo no ocupa un lugar importante en la agenda de la clase política. "La prioridad política del Gobierno nacional y regional está en otro lugar. No hay razones económicas para no invertir, lo que hay es una falta de voluntad a pesar de que, en estas zonas, se producen una buena parte de la riqueza del país".
El Perú periférico ante el espejo de la exclusión
La crisis de la sanidad pública, en palabras de Luisa Elvira Belaunde, refleja un "problema estructural" en el país, el cual es subproducto del reparto desigual de los ingresos que se obtienen de la extracción de recursos energéticos y minerales. "Gran parte de la riqueza del Perú como Estado viene de la Amazonía y los pobladores nativos son los últimos en recibir los beneficios".
La profesora de la UNMSM consideró que se requiere pronto "un plan de emergencia rápido" para corregir la infraestructura escasa, el déficit de personal, medicamentos y equipamiento en las postas médicas situadas en las comunidades indígenas.
"El presidente [Martín Vizcarra] ha hablado, que los ministros se pongan las pilas y que el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) otorgue un presupuesto que escape de sus patrones preestablecidos de los bonos; debe entender que tiene que actuar para una población que no encaja en las prescripciones del Banco Mundial. Mientras siga reproduciendo una receta totalmente ajena a la realidad de la Amazonía estará destruyendo con una mano lo que Vizcarra está intentando construir con la otra".
La semana pasada, el jefe del Estado admitió que su gobierno no está atendiendo adecuadamente a las comunidades amazónicas y andinas ante el problema sanitario. "Las comunidades nativas son ahorita –y hay que reconocerlo– un sector que no está siendo atendido como debiera, y tenemos que corregirlo en el menor tiempo posible".
Luisa Elvira Belaunde cree, por otro lado, que este escenario complejo es el momento crucial para que las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en territorio amazónico demuestren si trabajan o no para el bienestar de los peruanos. Dichas compañías –explicó–podrían actuar coordinadamente con el Ejecutivo para poner a disposición sus medios de transporte (helicópteros, aviones, botes) para el traslado de medicamentos y alimentos a favor de los sectores vulnerables. "Si las compañías se lavan las manos estarán demostrando claramente cuáles han sido sus verdaderas intenciones hacia los pueblos indígenas".
Sea como sea, la pandemia ha abierto, de algún modo, la caja de los males de la sociedad peruana: la enorme inequidad social, la discriminación de clase, un mercado de trabajo con un exiguo o nulo nivel de protección social, etc. ¿Qué factor podría, por tanto, explicar las diferencias en el acceso a la salud entre peruanos en pleno siglo XXI?
"Es consecuencia del centralismo del Perú, que viene desde la época del virreinato, y que puede expresarse con una triste frase: Lo que no sucede en Lima, no sucede en ninguna parte. Lo vivimos durante el terrorismo, en las muertes por el frío en las zonas altoandinas, en la lentitud en las labores de reconstrucción del terremoto en el sur, en las inundaciones del norte y ahora último con el dengue, el zika, la malaria y la chikungunya. Debido a que eso no sucede en Lima, es como si no existiera", señaló el doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP.
La exorbitante expansión económica que experimentó el Perú en la última década –tildada por algunos académicos como la nueva prosperidad falaz– no se tradujo en la edificación de un sistema sanitario fuerte, eficiente y de calidad en las regiones amazónicas debido –dijo el especialista en salud pública– al "olvido negligente" por parte del Estado de las comunidades nativas. "Para los gobernantes, Lima es el Perú o, al revés, el Perú es Lima, y el resto (incluyendo sus pobladores), no existen, y al no existir, no requieren centros ni programas de salud".
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