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Relatora de la ONU dice que le "preocupa" que no se haya acatado" reincorporación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. | Fuente: Andina

Margaret Satterthwaite instó a todos los actores, especialmente a la Junta Nacional de Justicia, a respetar la independencia judicial.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que existe "un esfuerzo organizado para obstaculizar" el trabajo y el retorno de Delia Espinoza a la Fiscalía de la Nación.

“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso, únicamente por desempeñar su función como fiscal suprema y fiscal general de la Nación del sistema judicial peruano, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”, indicó.

Satterthwaite expresó su preocupación de que la decisión judicial de reincorporar a Espinoza como fiscal de la Nación "no se haya acatado aún". "Me alarma bastante que la Junta Nacional de Justicia haya abierto una investigación por abuso de autoridad contra el juez (Juan Torres Tasso) que ordenó la reincorporación de la fiscal Espinoza", enfatizó.

La relatora de la ONU recordó que los jueces no deben sufrir represalias por el contenido de sus decisiones judiciales e instó a todos los actores, especialmente a la Junta Nacional de Justicia, a respetar la independencia judicial y garantizar que los procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales no se instrumentalicen.

Asimismo, cuestionó que los ataques contra Delia Espinoza sigan "intensificándose", al tiempo que mostró su sorpresa ante el hecho de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara una moción para inhabilitar a la suspendida titular del Ministerio Público para ejercer cargos públicos durante un período de 10 años.

“Las normas internacionales establecen que el personal judicial debe poder desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas. El personal judicial no debería sufrir ni ser amenazado con enjuiciamiento o sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por cualquier acción realizada de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, dijo Margaret Satterthwaite.

La relatora especial urgió al Perú a cumplir con los estándares de derechos humanos y poner fin a todos los intentos de interferir en la labor de los fiscales y jueces. “La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia”, añadió la experta.

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