Esperando a la OEA, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió ayer la denuncia presentada por la Fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Eso significa que la Comisión Permanente tendrá que decidir qué curso dar a las investigaciones fiscales que hallaron indicios de participación de Castillo en tres graves delitos: organización criminal, tráfico de influencia y colusión.

Para que el procedimiento continúe, el Congreso tiene que fijar una posición sobre la inmunidad que la Constitución concede al presidente, puesto que ninguna de las imputaciones fiscales corresponde a los cuatro delitos establecidos en el artículo 117 de la Constitución. El Congreso trató de que el Tribunal Constitucional abra una interpretación que permita la siguiente fase de la investigación y su eventual acusación. Pero los jueces constitucionales prefirieron recordar que ellos no absuelven consultas, limitándose a pronunciarse sobre casos.

El constitucionalista Domingo García Belaunde declaró anoche en RPP que la mayoría de los congresistas no parece comprometida con la lucha contra la corrupción y se contenta con una retórica vacía que ha facilitado hasta ahora el objetivo de Pedro Castillo: sobrevivir. Es así como nos acercamos a la llegada del grupo de la OEA, cuya misión es informarse sobre el estado de nuestra democracia, es decir sobre el funcionamiento de nuestras instituciones.

Por eso sería grave que no se reuniese con la Fiscal de la Nación, como sugería un documento cuya autenticidad ha sido negada por la OEA. Por más deficiencias que pueda tener el Congreso, no se trata de una simple polarización entre el Ejecutivo y la oposición parlamentaria. Lo grave es la corrupción y la búsqueda de impunidad. Por eso, precisamente, resulta crucial la voz de la Fiscalía.

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