En Chiclayo y Piura, las familias de dos víctimas del brutal asesinato de 13 trabajadores en Pataz enfrentan el dolor de la pérdida, mientras exigen justicia y claman por ayuda para cubrir los costos del sepelio.
En Chiclayo, los familiares de César Rospigliosi Arellano, uno de los 13 trabajadores asesinados en Pataz, denuncian que ni la empresa Service R&R ni la minera Poderosa han asumido los gastos del velorio y sepelio.
Pedro Rospigliosi, hermano de la víctima, expresó su pesar por la falta de comunicación y apoyo de las referidas empresas.
"La familia hemos generado todos los gastos del sepelio, la minera ni la service se han manifestado con nada. Nadie se ha comunicado. Eso es mentira (que las empresas se hayan puesto en contacto con las familias), porque no se han comunicado", dijo el familiar de la víctima.
El cuerpo de Rospigliosi Arellano fue entregado ayer, lunes, aproximadamente a las 6:00 p.m., en la morgue de La Libertad y fue trasladado al pueblo joven 9 de Octubre, en Chiclayo, donde es velado este martes.
Su sepelio está programado para mañana, 7 de mayo, a las 10:00 horas en el cementerio El Carmen.
Pedro Rospigliosi también pidió apoyo para la viuda y los hijos menores de César, quienes han quedado en la orfandad, y solicitó al Estado celeridad para identificar y capturar a los responsables del crimen que conmocionó al país.
Dolor y colectas para despedir a otra víctima en Piura
En el caserío Dos Altos, distrito de La Unión, Piura, familiares y amigos de Darwin Cobeñas Panta, otra de las víctimas, lo velan en medio de escenas de dolor.
Sus restos llegaron a su vivienda este martes cerca de las 6:00 a.m., y el sepelio está previsto para mañana miércoles.
La familia, de escasos recursos, ha recurrido a colectas para cubrir los costos del velorio y entierro.
La madre de Darwin, afectada por la tragedia, exigió justicia en declaraciones a RPP, mientras una tía informó que los cuatro trabajadores de Piura que sobrevivieron al secuestro están regresando a sus hogares.
Darwin, quien era el sustento de su familia tras la muerte de su padre hace dos años, se encargaba, entre otros gastos, de costear los estudios de sus hermanos menores. La tragedia en Pataz, además, agrava la situación económica de su hogar.
Trabajadores asesinados en Pataz
El domingo 4 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores secuestrados el 26 de abril en un socavón minero de Pataz, La Libertad.
Los empleados, que prestaban servicios de seguridad para una empresa contratista de la minera Poderosa, fueron torturados y asesinados, presuntamente por sicarios vinculados a la minería ilegal que opera en la zona.
Este crimen ha generado indignación nacional y críticas al Gobierno de Dina Boluarte por su manejo de la seguridad frente al crimen organizado, evidenciando una crisis en la región donde la minería ilegal se impone con violencia.
Ayer, en un pronunciamiento ante la prensa, Boluarte anunció la aplicación de un toque de queda en Pataz, así como la instalación de una base militar en la zona. Entre otras medidas, dispuso la suspensión de la actividad minera en esta provincia liberteña durante 30 días, mientras se movilizan las fuerzas militares para tomar el control total de este sector minero.
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