La violencia en Pataz, La Libertad, refleja una grave crisis de seguridad impulsada por la minería ilegal. Expertos advierten que la respuesta del Gobierno carece de estrategia.
Tras los recientes hechos de violencia en Pataz, La Libertad, que incluyeron el secuestro y asesinato de 13 trabajadores formales, expertos analizan las medidas que propuso el Gobierno ante la situación de criminalidad que enfrenta la provincia y el país con la minería ilegal.
Medidas ineficaces y estrategias desarticuladas
Nicolás Zevallos, director de Asuntos Corporativos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, se presentó en Economía Para Todos por RPP y describió el estado de emergencia como deslegitimado, visto como un "saludo a la bandera" o "medida populista" por la falta de visión gubernamental.
Medidas como prohibir el uso de motos o cerrar negocios por la noche son consideradas ineficaces y perjudiciales para los comerciantes formales.
"En lugar de tomar medidas que ayudan al empresario a poder seguir adelante y a protegerse, lo que ocurren son medidas que limitan su posibilidad de acción. Ahí hay una cuestión de por qué no está dando el espacio a la inteligencia, la investigación criminal, al trabajo articulado entre policía y fiscalía para poder dar respuesta efectiva contra los criminales", sostuvo.
Por su lado, Paola Bustamante, directora de Videnza, cuestionó en Economía Para Todos por RPP, la solicitud de la presidenta de 30 días adicionales para la instalación de fuerzas armadas y policía, dado que la provincia lleva aproximadamente 15 meses en estado de emergencia.
Además, critica la decisión de suspender toda actividad minera en Pataz por 30 días prorrogables. Esta medida afectaría a los mineros formales y podría permitir a los ilegales aprovechar su ausencia para ingresar a las concesiones.
Violencia y competencia criminal en Pataz
Zevallos describió que la situación en Pataz es "bastante conflictivo y anárquico", marcada por una "compleja competencia" entre diversas organizaciones criminales que buscan el "control absoluto del territorio".
Las acciones delictivas han escalado más allá del simple robo de mineral, llegando al secuestro de trabajadores de empresas formales a cambio de rescates. Estos actores criminales poseen "mucha potencia de fuego" y "muchos recursos".
Frente a ello, la estrategia actual se basa principalmente en el "uso masivo de la fuerza pública", dejando de lado el análisis profundo.
Un ejemplo de esta falta de control es la salida regular de "cientos de camiones de mineral" que terminan en plantas de procesamiento sin que haya una referencia sobre cómo se controlan estas plantas.
Minería ilegal, informal y formal
Por su parte, Bustamante destacó la importancia de distinguir entre minero ilegal, informal y artesanal/pequeño minero.
- La minería artesanal y pequeña minería tienen un marco legal propio (desde 2002) y se definen por la forma y menor cantidad de extracción.
- Esos mineros se vuelven informales cuando se inscriben en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), expresando su voluntad de formalizarse. Estar en el Reinfo otorga una "autorización para seguir operando" mientras cumplen el proceso.
- Un minero es ilegal si opera sin autorización legal, se encuentra en zonas no permitidas (protegidas, concesiones de otros) o no está inscrito en el Reinfo.
Sobre el Reinfo en Pataz, se registran 1,291 inscritos, pero solo 530 están activos en su proceso de formalización, mientras que 761 están suspendidos por no cumplir los requisitos.
Ambos expertos coinciden en que la violencia reciente en Pataz no es simplemente un problema de mineros ilegales, sino de crimen organizado que opera sobre la base de la minería ilegal.