Foto: RPP
Familiares del 'caso Utopia' pidieron la reapertura del proceso, pues tras casi ocho años de la tragedia aún no se inicia un juicio penal que determine las responsabilidades en la muerte de  29 jóvenes.

La solicitud fue hecha por Luis Delgado Aparicio durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de proponer normas legales y acciones que garanticen el eficiente desempeño del Sistema Nacional de Defensa Civil que preside el legislador Luis Gonzáles Posada (PAP).

Delgado Aparicio, representante de los padres y familiares de Utopía, sostuvo que las muertes ocurrieron  porque no se cumplió con las recomendaciones de Defensa Civil, e incluso la discoteca no contaba con licencia de funcionamiento, lo que también constituye negligencia e irresponsabilidad de la Municipalidad de Surco y del Centro Comercial Jockey Plaza.

'El 20 de julio del 2002, la irresponsabilidad de los dueños de la discoteca Utopía permitió ingresar a más de mil 200 personas a un local que tenía un aforo de 500. Contraviniendo todas las normas de seguridad establecidas, ingresaron a animales salvajes y se auspiciaron juegos pirotécnicos en un local que no contaba con  equipos de extintores ni   señalización de salidas de emergencia  y que tenía el ducto de ventilación tapado', afirmó.

'Nuestros hijos murieron en una cámara de gas. Sus muertes constituyen un asesinato en la modalidad de lucro. No pedimos indemnizaciones económicas, pero sí justicia para cerrar este círculo de dolor', dijo Aparicio.

Los  congresistas Luis Gonzáles Posada y José Saldaña coincidieron en la decisión de cursar  comunicaciones  a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a la Fiscalía y al Poder Judicial  para que se revise lo actuado anteriormente y exhortarlos para que se inicie el juicio correspondiente.

'Vamos a revisar la legislación y pondremos candados para que tragedias como la muerte de 29 jóvenes en la discoteca Utopía, no vuelvan a ocurrir', afirmó el congresista Gonzáles Posada, tras sumarse al dolor de los deudos.

Del mismo modo se remitirá una comunicación a los gobiernos regionales y locales advirtiendo sobre los peligros de brindar licencias de funcionamiento sin visto bueno de Defensa Civil.